9 de noviembre de 2010

España: paraíso de estafadores

Hoy me he encontrado con una noticia en notepares.com: Sólo tres países europeos aventajan a España en poner trabas a la hora de crear una empresa: Grecia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. ¿Cuáles son las implicaciones reales?

Primero.- Quienes se forran son los bancos como facilitadores de financiación: porque se demora hasta ad infinitum el tiempo en que el dinero está prestado, pero no se puede iniciar la actividad que luego va a generar los ingresos para devolver préstamos y empezar a ganar dinero.

Segundo.- Que quienes fracasan al primer intento, si no son ricos y por tanto no necesitan financiación externa, no lo vuelven a intentar. Siempre nos dicen que hay que volver a intentarlo, pero lo que es posible en yanquilandia, en España es diferente, aquí el primer intento ya te puede arruinar media vida.

Tercero.- Sólo quienes tienen mucho capital propio y ya tienen su negocio rodado (empresas extranjeras que implantan un producto en el país que ya está consolidado en otros mercados similares y por tanto pueden exportar directamente el know how) pueden montar empresas aquí. Pero con la globalización, y habiendo entrado países con salarios mucho más bajos en la UE, ¿a qué multinacional extranjera se le ocurre fabricar en España? A ninguna.

Cuarto.- Muchas veces quienes más aguante tienen a la hora de montar una empresa son los estafadores. Un negocio fraudulento por definición genera muchos ingresos, lo que permite amortizar la inversión, incluso con financiación externa. De hecho no están montados para durar mucho tiempo, sino para amortizar la inversión y generar réditos extraordinarios con los cuales montar el siguiente negocio fraudulento. 
 
Siguiendo con el estudio comparativo de la facilidad en la creación y extinción de empresas, resulta que España ocupa un lugar privilegiado a la hora de cerrar una empresa: En el RANKING MUNDIAL, España ocupa el lugar 19.

Esto nuevamente tiene unas consecuencias positivas para estafadores y defraudadores:

Primero.- Las Administraciones Públicas. Un empresario puede evadir sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social con relativa facilidad en el momento en que disuelve una sociedad.

Segundo.- Los trabajadores. Puede dejarlos colgados doblemente: por un lado empezando a deber salarios, pero mucho peor, no pagando las cuotas a la Seguridad Social. Muchas veces los deja en el limbo: ni cobran salarios, ni pueden acceder a prestaciones de desempleo si la empresa simplemente "desaparece", los trámites hasta que el trabajador pueda cobrarla pueden durar mucho tiempo (hasta más de un año, ahora que la justicia está saturada).

Tercero.- Al ser tan fácil, hay demasiados empresarios "mal acostumbrados" que disuelven una empresa para volver a constituir la siguiente con la misma cartera de clientes y de proveedores, pero dejando atrás deudas con hacienda, la seguridad social y los trabajadores, y contratando nuevos incautos que acabarán sufriendo el mismo trato. A veces también dejan colgados a sus proveedores, siempre que el mercado lo permita. Especialmente cuando sus proveedores son pequeños empresarios autónomos o trabajadores autónomos. 

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