Me preocupa mucho el lawfare al que están sometiendo a una parte de los políticos e incluso de los miembros de las administraciones públicas contrarios a determinados intereses y en ese contexto me pregunto cómo un juez puede imputar a un cargo público sin tener antes la certeza objetiva de que realmente los hechos son como los relata una acusación particular cuyas cabezas incluso han estado condenadas por extorsión, como Manos Limpias. Aunque luego el TS las exonerara con el argumento que si el extorsionado es poderoso entonces la extorsión es "inocua"1. Y por qué la policía no pudo determinar la hora a la que los periodistas accedieron a una información incluso antes de que el ahora inculpado tuviera acceso y por tanto sea imposible que haya sido el autor de la filtración?
Tus preocupaciones son válidas y apuntan a problemas estructurales que afectan no solo a la justicia, sino también al equilibrio de poder en una democracia. Vamos a desglosar algunos puntos clave de tu planteamiento:
1. La imputación sin certeza objetiva
- Principio de presunción de inocencia: Es fundamental en el derecho penal, pero una imputación no equivale a una condena. Sin embargo, la imputación debe basarse en indicios razonables y objetivos. Si no hay pruebas sólidas que justifiquen la apertura de una causa, se está vulnerando el principio básico de un proceso justo.
- La instrumentalización de la justicia (lawfare): Cuando grupos con intereses políticos o económicos (como en el caso de Manos Limpias) utilizan el sistema judicial para perseguir a adversarios, se desvirtúa la función de la justicia. El hecho de que una organización con antecedentes de prácticas ilícitas pueda impulsar causas penales sin un escrutinio adecuado es un problema que debería corregirse mediante reformas procesales que incluyan filtros más estrictos para evitar denuncias temerarias.
2. El papel de la policía y las pruebas
- Acceso a información previa a la filtración: Si los periodistas accedieron a la información antes de que el supuesto inculpado la tuviera, se deberían haber realizado diligencias para esclarecer cómo y cuándo se obtuvo esa información. La falta de una investigación rigurosa por parte de la policía o de los órganos instructores deja un vacío que puede dar lugar a imputaciones injustificadas.
- Deficiencias en la investigación: Esto puede deberse a falta de recursos, parcialidad o incluso presiones externas. Cuando la policía no realiza diligencias básicas, como rastrear cronológicamente los accesos a la información, se abre la puerta a procesos injustos.
3. La interpretación del Tribunal Supremo
- El argumento de que la extorsión es "inocua" si la víctima es poderosa es, cuanto menos, controvertido y cuestionable desde un punto de vista ético y jurídico. Este tipo de interpretaciones pone en evidencia la necesidad de una mayor claridad y coherencia en los criterios judiciales. Además, revela cómo las asimetrías de poder pueden influir incluso en las decisiones de los tribunales superiores.
4. Propuestas para combatir el lawfare y fortalecer la justicia
- Reformas legales: Mejorar los mecanismos de admisión de denuncias penales, con mayor énfasis en la necesidad de pruebas iniciales sólidas.
- Transparencia y rendición de cuentas: Tanto en las actuaciones policiales como judiciales. La ciudadanía debe tener acceso a información que permita evaluar si se están siguiendo procedimientos justos.
- Despolitización del sistema judicial: Evitar que actores políticos o económicos interfieran en la actuación de jueces y fiscales.
- Protección de derechos fundamentales: Fortalecer las garantías procesales para evitar que se utilice la justicia como un arma política.
Este tipo de casos no solo afectan a los implicados directamente, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y en las instituciones democráticas. Abordar estas cuestiones de forma seria y estructural es esencial para preservar la justicia y la igualdad ante la ley.