Monográfico ayusino

Collage a base de titulares de infolibre (artículos a disposición de los suscriptores)

 

Titulares de prensa y formación democrática

Conversación matutina con ChatGPT                                                                                                                                                                                                          

A propósito de este artículo en El Plural: El reparto de menores de Ceuta evidencia la insolidaridad de PP y Vox y agrava la fractura territorial

A falta de compañeras/os de tertulia "a mano" a veces me pongo a charlar con ChatGPT, cuya suscripción he mantenido después de la jubilación. 

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Me puedes recordar si el reparto de Menores No Acompañados impuesto a las comunidades autónomas españolas (como es lógico que sea así) lo es por Iey? Por qué clase de norma?

Sí. Desde 2025, el mecanismo de reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas tiene rango de ley, aunque conviene distinguir dos niveles normativos:

1. La norma que crea la obligación es un Real Decreto-ley:

• Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. 

2. Ese Real Decreto-ley modifica la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, introduciendo un mecanismo permanente para los supuestos de "contingencia migratoria extraordinaria". La modificación recae sobre preceptos de la Ley de Extranjería que no tienen carácter orgánico, por lo que podían ser modificados mediante un real decreto-ley. Esto fue objeto de debate cuando se aprobó la norma, pero el propio decreto-ley justifica expresamente que no altera los artículos de naturaleza orgánica.


En consecuencia:

• La obligación de repartir menores tiene fuerza de ley.

• No nace de un simple reglamento ni de un acuerdo político.

• Los Reales Decretos posteriores (como el RD 743/2025 y su actualización de 2026) no crean la obligación, sino que desarrollan técnicamente el sistema: fijan la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y permiten aplicar los criterios previstos en la Iey. 

Por tanto, si alguien afirma que el reparto es una decisión discrecional del Gobierno, jurídicamente no es correcto. El Gobierno puede desarrollar y ejecutar el mecanismo, pero la base jurídica del reparto obligatorio está en una norma con rango de Iey, el Real Decreto-ley 2/2025, que modificó la Ley de Extranjería. 

Como matiz jurídico, un real decreto-ley tiene rango de Iey desde su publicación, pero debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de treinta días (art. 86 CE). Una vez convalidado, mantiene plenamente su eficacia, salvo que posteriormente sea derogado o declarado inconstitucional.

Me pregunto si un titular de este tipo: "El reparto de menores de Ceuta evidencia la insolidaridad de PP y Vox y agrava la fractura territorial - Los ejecutivos autonómicos gobernados por ambas formaciones mantienen el rechazo al plan del Gobierno, mientras la dirección nacional de los populares evita asumir el discurso de Santiago Abascal" no está blanqueando lo que en realidad es un desacato, rebeldía o insumisión, por llamarlo más propiamente?

Tu observación apunta a una cuestión de precisión jurídica y de encuadre periodístico.

Desde un punto de vista político, un medio puede describir la actitud de esas comunidades como "rechazo", "insolidaridad" o "fractura territorial". Son términos valorativos que interpretan el comportamiento.

Pero desde un punto de vista jurídico, si existe una obligación impuesta por una norma con rango de Iey, la cuestión relevante ya no es si una comunidad "está en desacuerdo", sino si está cumpliendo o incumpliendo una obligación legal.

Ahora bien, tampoco conviene emplear automáticamente términos como "desacato", "rebeldía" o "insumisión", porque en Derecho tienen matices:

• Desacato ya no existe como delito en el Código Penal español. En el lenguaje común se usa para describir una desobediencia a la autoridad, pero jurídicamente no es la expresión técnica adecuada.

• Rebeldía tiene significados procesales muy concretos (por ejemplo, la rebeldía del demandado en un procedimiento civil) y tampoco describe bien este supuesto.

• Insumisión tiene un fuerte contenido histórico y político (la negativa al servicio militar), por lo que funciona mejor como metáfora que como calificación jurídica.

Si una comunidad autónoma se negara a aplicar una Iey estatal válida y vigente, las expresiones más ajustadas serían, por ejemplo:

• incumplimiento de una obligación legal;

• desobediencia institucional (si se acredita una negativa deliberada a cumplir);

• incumplimiento del deber de colaboración con el Estado, cuando proceda;

• o, sencillamente, negativa a ejecutar una norma con rango de ley.

En ese sentido, el titular que citas pone el foco en el juicio político ("insolidaridad") y en la estrategia de los partidos ("fractura territorial"), desplazando a un segundo plano la cuestión jurídica, que podría formularse así: ¿están incumpliendo una obligación legal o simplemente impugnándola por las vías previstas?

Y ahí está el matiz importante. En un Estado de Derecho una administración puede:

1. recurrir una Iey o un acto ante los tribunales;

2. solicitar su suspensión cuando el ordenamiento lo permita;

3. discrepar públicamente de ella.

Lo que no puede, en principio, es decidir unilateralmente no aplicarla mientras siga siendo vigente, salvo que exista una resolución judicial que suspenda su eficacia o una previsión legal que lo autorice.

Por eso, antes de hablar de "desobediencia institucional" habría que comprobar en qué fase está cada comunidad: si simplemente ha anunciado su oposición política, si ha interpuesto recursos y sigue cumpliendo provisionalmente, o si efectivamente está dejando de ejecutar una obligación legal. Esa diferencia es decisiva para la calificación jurídica, aunque desde el punto de vista periodístico un titular como el que citas opte por destacar la dimensión política del conflicto antes que la jurídica.

A mí me molesta esta presunta "blandenguería" de la prensa crítica, porque me temo que es una actitud defensiva ante una actitud matonesca por parte de sectores de la extrema derecha (Manos Limpias, etc.) que aprovechan cualquier mínima crítica para convertirla en ofensa, llevarla a los tribunales y con un poco de suerte, amargar la vida a un periodista o incluso a un periódico entero

Es una preocupación que comparten bastantes analistas y profesionales del periodismo, aunque las explicaciones que se dan no son todas las mismas.

Una hipótesis es la que planteas: que algunos medios moderen el lenguaje para reducir el riesgo de demandas, querellas o campañas de presión. En los últimos años se ha hablado mucho del uso de litigios estratégicos contra la participación pública (las llamadas SLAPP, por sus siglas en inglés), es decir, procedimientos judiciales que, con independencia de sus posibilidades de prosperar, pueden tener un efecto disuasorio sobre periodistas, activistas o investigadores. Ese fenómeno está reconocido por instituciones europeas, que incluso han impulsado medidas para limitarlo.

Pero no es la única explicación posible. También influyen otros factores:

• La cultura profesional de muchos medios de separar, al menos en los titulares, la descripción de los hechos de su calificación jurídica. Un periodista suele preferir escribir "rechaza cumplir el reparto" antes que "incumple la Iey", salvo que exista ya una resolución administrativa o judicial que constate formalmente el incumplimiento.

• El temor a que un término jurídicamente cargado pueda ser considerado una afirmación de hecho insuficientemente acreditada. Es distinto decir "el Gobierno sostiene que incumple la Iey" que afirmarlo categóricamente en un titular.

• La propia dinámica periodística: un titular busca atraer al lector y suele privilegiar el conflicto político ("fractura", "choque", "pulso") frente al análisis jurídico.

Ahora bien, también es cierto que algunos críticos sostienen que esa cautela puede acabar desdibujando la naturaleza del conflicto. Si una administración está jurídicamente obligada a hacer algo y anuncia que no lo hará, describirlo únicamente como un "rechazo" puede hacer que el lector lo perciba como una simple discrepancia politica entre opciones igualmente legítimas, cuando existe además una dimensión de cumplimiento del ordenamiento.

En definitiva, tu interpretación —que existe una cierta autocontención por miedo a la presión judicial o política de determinados actores— es una hipótesis plausible y respaldada por algunos periodistas y estudios sobre libertad de prensa. Pero atribuir un titular concreto a ese motivo exigiría conocer cómo se decidió en la redacción; también podría obedecer a criterios editoriales de prudencia jurídica o de estilo periodístico.

Quizá el fondo de la cuestión sea este: el lenguaje nunca es neutral. Elegir entre "rechazar", "incumplir", "desobedecer" o "incurrir en un incumplimiento legal" no solo describe unos hechos; también sitúa al lector en un determinado marco interpretativo. Por eso esas elecciones generan tanto debate.

Entiendo lo que explicas. Lo que me pregunto entonces es si lo de anunciar a bombo y platillo el rechazo al reparto no será una táctica preelectoral para introducir o reforzar la polarización o incluso para ganar nuevos votantes entre un electorado poco formado que pueda "sentirse" de centro o socialmente comprometido, pero esté siendo intoxicado sistemáticamente con mensajes xenófobos a nivel ambiental

Esa es una hipótesis política razonable y, de hecho, encaja con marcos de análisis utilizados en ciencia política y comunicación. Lo que no puede afirmarse como un hecho demostrado respecto a un caso concreto sin evidencias internas de los partidos.

Hay varios mecanismos que la literatura describe:

• Movilización por temas ("issue ownership"). Un partido intenta convertir un asunto —como la inmigración— en el eje principal del debate porque considera que es donde parte con ventaja frente a sus adversarios.

• Polarización afectiva. Más que convencer al votante con argumentos nuevos, se busca reforzar la identificación con "los nuestros" y el rechazo a "los otros". Los mensajes muy contundentes suelen ser eficaces para este objetivo.

• Señalización al electorado. Anunciar públicamente que no se aplicará una medida puede tener un valor simbólico incluso si después la realidad jurídica obliga a matizar la posición. El mensaje político ya ha llegado a quienes se quería llegar.

• Desplazamiento de la agenda. Si la conversación pública gira durante semanas en torno a la inmigración, otros asuntos (sanidad, vivienda, financiación autonómica, etc.) pueden perder protagonismo.

Respecto a la segunda parte de tu reflexión —la posibilidad de atraer a personas que se consideran moderadas pero están expuestas de forma continuada a mensajes xenófobos —, también hay investigación relevante. Los estudios sobre framing, agenda setting y exposición repetida muestran que la repetición constante de determinados marcos puede modificar qué problemas percibe la ciudadanía como prioritarios y cómo los interpreta.

Eso no significa que las personas sean receptores pasivos ni que toda exposición produzca el mismo efecto; intervienen la educación, las experiencias personales, el entorno social, la confianza en las fuentes y muchos otros factores.

Por eso, en investigación suele evitarse una formulación como "electorado poco formado", porque puede sugerir que existe una relación simple entre nivel educativo y comportamiento político. La evidencia es más compleja: el voto a partidos de derecha radical aparece en grupos con niveles educativos muy diversos, y las variables que mejor explican su apoyo suelen combinar percepciones de inseguridad, identidad cultural, confianza institucional, situación económica y consumo de determinados medios o redes sociales.

Lo que sí parece bastante sólido es que la inmigración puede convertirse en un tema altamente emocional, donde las percepciones no siempre guardan una relación estrecha con los datos objetivos sobre flujos migratorios, delincuencia o uso de servicios públicos. En ese terreno, la forma en que los actores políticos y mediáticos presentan el asunto adquiere un peso considerable.

En resumen, es perfectamente defendible como hipótesis analítica decir: "1o oposición [rontal al reparto de menores puede formar parte de una estrategia para reforzar la centralidad política de la inmigración y movilizar a determinados segmentos del electorado." Lo que ya requeriría pruebas específicas es atribuir esa intención como el motivo efectivo de la estrategia de un partido concreto.

Cuando hablo de electorado poco formado me refiero a la falta de formación política, no al nivel educativo. Como es una de mis ideas centrales: la de que desde la muerte de Franco no ha habido formación política en democracia, y que a medida que va pasando el tiempo, se desdibuja la memoria por envejecimiento y fallecimiento de los protagonistas del cambio a una democracia (a nivel local, no me refiero al nivel de los representantes políticos) esa falta de formación está permitiendo que perdamos grados de democracia

Ese matiz cambia bastante el sentido de lo que decias, y creo que conviene distinguirlo porque no es lo mismo "bajo nivel educativo" que "escasa formación cívica o política".

La idea de que una democracia necesita una ciudadanía con conocimientos mínimos sobre el funcionamiento de las instituciones no es en absoluto marginal. Autores como Robert A. Dahl, o Pierre Rosanvallon, desde perspectivas distintas, han defendido que la calidad democrática depende no solo de celebrar elecciones, sino también de la capacidad de los ciudadanos para comprender, deliberar y controlar el poder.

En España, además, existe un debate específico sobre la Ilamada cultura democrática. Tu tesis podría resumirse así:

• La Transición logró implantar instituciones democráticas.

• Sin embargo, no se consolidó un proyecto continuado de educación política de la ciudadanía.

• Mientras vivían quienes habían experimentado la dictadura, existía una memoria social que suplía en parte esa carencia.

• A medida que esa memoria desaparece, las nuevas generaciones tienen menos referencias para reconocer qué prácticas fortalecen o erosionan una democracia constitucional.

Esa es una hipótesis perfectamente defendible como objeto de debate. Otra cuestión es que pueda demostrarse empíricamente en todos sus extremos.

Donde sí habría discusión entre especialistas es en la explicación de por qué no se produjo esa formación. Algunos sostienen que durante la Transición hubo una decisión implícita de evitar una enseñanza política intensa para no reabrir conflictos ideológicos y priorizar el consenso constitucional. Otros creen que sí hubo educación cívica, pero de forma intermitente, poco sistemática o demasiado centrada en contenidos descriptivos ("qué es el Congreso", "cómo se vota") y muy poco en el desarrollo de competencias democráticas: distinguir hechos de opiniones, identificar falacias, comprender la separación de poderes, valorar el pluralismo o analizar críticamente la información.

Creo que tu planteamiento tiene un elemento especialmente interesante: no identificas la formación política con la adhesión a una ideología determinada. Si entiendo bien lo que planteas, para ti una buena formación política consistiría en que cualquier ciudadano, sea de izquierdas, de derechas o de centro, supiera responder preguntas como:

• ¿Qué diferencia hay entre una Iey y un reglamento?

• ¿Qué significa que una comunidad autónoma está obligada por una Iey estatal?

• ¿Qué funciones tiene el Tribunal Constitucional y cuáles no?

• ¿Qué distingue una crítica política de una responsabilidad penal?

• ¿Cómo se controla jurídicamente a un gobierno?

Ese tipo de conocimientos no dicen a nadie qué debe pensar, sino que proporcionan herramientas para evaluar críticamente los discursos políticos.

En ese sentido, enlaza con algo que has mencionado en otras ocasiones sobre tu interés por la educación política de la ciudadanía. Si el objetivo es que las personas puedan participar de forma autónoma y crítica en la vida pública, la formación democrática no sería un complemento de la democracia, sino una de sus condiciones de funcionamiento.

callados como putas (con perdón de las putas)

 Se lo oí alguna vez a M. uno de mis jefes, y me gustó la expresión. Y la pienso (más que la digo) muchas veces en relación con la prensa escrita "de toda la vida" de este país. 

Las primeras veces, hace ya muchísimos años, cuando mi hermana azafata empezó a vivir en Madrid. Porque alguna vez dejó caer algo sobre las correrías nocturnas del ahora emérito en su moto por las calles de la capital. Luego cuando alguna prensa "canalla" dejó caer el puesto que ocupaba el ahora emérito en las listas de grandes fortunas del mundo mundial. Hace siglos que ya no se comenta. Tampoco mucho sobre los puestos que ocupan otros "connacionales" en las mismas.

Y cada vez lo pienso con más frecuencia en relación con la prensa escrita de toda la vida, de esa que alimenta los telediarios y los boletines de radio, y las tertulias en radio y tv. Llevamos cuatro años con la cúpula del poder judicial en funciones, hasta hace poco nombrando y cesando jueces a conveniencia de la derecha de este país, y esa prensa hace como si no pasara nada. Como si no se estuviera incumpliendo la ley todos y cada uno de los días en que no se van a casa dejando paso a los sucesores según ley.

Esa prensa que hace de voceros de unos señores y unas señoras de derechas que mienten más que hablan, que mienten a la ciudadanía con el único motivo de desacreditar a todos y cada uno de los políticos y políticas de izquierdas y desanimar a sus electores y votantes. Unos señores y unas señoras que mienten a sabiendas, y esa prensa que reproduce ad náuseam unas mentiras bien a sabiendas, bien con nulo interés en verificar su veracidad antes de difundirlas.

Esa prensa que se niega a conocer y difundir lo que hace ya medio siglo llevan advirtiendo científicos de muchas disciplinas: que nuestro sistema económico nos está llevando al suicidio colectivo, a la extinción masiva de los humanos, al estar destruyendo el único hábitat que tenemos. Que pudiendo hacer las cosas bien, las están haciendo mal los que mandan: gobiernos, multinacionales, responsables de las empresas y las organizaciones económicas y financieras por un solo motivo: el afán de lucro. Que han sustituido la ética de la responsabilidad por el afán de lucro. 

PD:

En la misma línea, acabo de leer en CTXT a Gerardo Tecé quejándose de lo mismo: que los periodistas callan como putas ante las mentiras de Feijóo.

La radio y la tele que echo de menos

Soy una forofa de Angels Barceló desde que la conocí en tv3 llevando un programa junto con un el doctor Joan Corbella. Nunca he estudiado catalán o valenciano, porque mi escolaridad coincidió con los últimos años del franquismo, y además tuve la suerte de que mis padres y mi abuela alemana hicieran un gran esfuerzo porque fuéramos los cuatro hermanos al Colegio alemán. 

Luego la he seguido en radio o tv cuando he podido, por último en los programas de la noche en la SER, hasta ahora, en que está por las mañanas. Con ella descubrí a Antón Losada, otra persona a la que me gusta escuchar.

huelga de taxis en Madrid

El pasado fin de semana estuve nuevamente en Madrid, y me quedé dos días más, aprovechando que el martes era festivo en Valencia. Teníamos entradas para ver una exposición en el centro, y al final no fuimos, por la huelga de taxis. Para las personas con problemas de movilidad o de equilibrio el taxi casi es imprescindible, porque cualquier frenazo del autobús o del metro puede suponer una caída, y llegada cierta edad, las caídas suelen tener consecuencias de larga duración.

Hace unos días, de vuelta en Valencia, me tocó coger un taxi. Suelo usar el autobús o el metro, pero en alguna ocasión cojo el taxi cuando ando con prisas y no es hora punta. Esta vez el taxista era un autónomo y titular de la licencia del taxi, y estuvimos charlando sobre el tema de la huelga en Madrid y la vida del taxista en general. Mi interlocutor me contó un tema que desconocía totalmente: el de los "floteros". Me comentaba que el tema es conocido, tanto por Hacienda, por su relevancia fiscal en cuanto a economía sumergida (los 500 euros mensuales que se embolsa más de un taxista jubilado y las ganancias astronómicas del arrendatario de la licencia, que suele contratar por cuatro o cinco horas a "un paquistaní" y luego lo tiene circulando doce o trece horas, embolsándose cada día pingües beneficios por cada uno de los vehículos de su flota, vehículos que no son de su propiedad por lo general), como por la Seguridad Social. Al escucharlo entendí, por fin, la razón del estado cochambroso de algún taxi conducido por un asalariado extranjero (no recuerdo si paquistaní, podía haber sido marroquí o sirio).

En las noticias los medios no se molestan en responder a las preguntas que nos hacemos los usuarios y es ¿quiénes están negociando con la administración?  ¿Qué intereses defienden realmente? Y cuando leo en la hemeroteca que el actual presidente de una asociación del taxi madrileña, y también de una federación nacional, hace unos años intentó adquirir 5000 licencias VTC, me pregunto con más interés todavía qué intereses defiende. La transición me pilló en la universidad, y mi experiencia de las asambleas masivas en las que se toman decisiones sobre huelgas, etc. es la de haber sido testigo directo de cómo manipular a las masas: lecciones prácticas de demagogia. Entiendo que hay mucha rabia por parte de diversos colectivos. Y cuando he leído ahora quiénes están detrás de muchas flotas de Cabify o Uber, y los dineros que mueven, se entiende. Parece que es la filosofía del flotero, pero con contratos y por lo legal, escapando a la legislación del taxi.

No sé si los detalles que me comentaba el taxista eran exactos, aunque recuerdo uno de mis primeros y escasos juicios laborales, en los que un empresario de origen extranjero contrataba a marroquíes por cuatro horas en su fábrica y los tenía más de ocho horas trabajando, de forma sistemática. El negocio lo tenía a nombre de su cónyuge, extranjera comunitaria, que apenas dominaba el castellano y podía saber o no saber cómo llevaba su marido el negocio. Y de eso hace más de veinte años. Luego una amiga del barrio, años más tarde, me comentó parecidas prácticas en su trabajo. En este caso todos eran valencianos: la empresa y mi amiga. La que no era valenciana era la sucesora en el puesto de mi amiga: una colombiana a la que pagaba bastante menos que a mi amiga, por su mismo trabajo. A mi amiga le redujo la jornada laboral a diez horas semanales, distribuidas a lo largo de cinco días, pese a que el lugar de trabajo estaba en el pueblo de al lado y el camino le llevaba más de media hora.

Tras mi conversación con el taxista autónomo valenciano miré en Internet y ví que el tema de los floteros es general. Pero el único sitio en donde la administración y la justicia intervino fue hace unos cinco años, en Canarias. Parece que allí fue especialmente escandaloso. El flotero, básicamente, es una persona que interviene como "administrador" entre el titular de la licencia, jubilado o no, y el conductor, al que por lo visto en ocasiones contrata directamente y en ocasiones negocia una especie de contrato de servicios por el que le cobra una cantidad diaria. Esto lo hace a escala industrial, es decir, no se trata de una sola intermediación, sino de la intermediación a pequeña, mediana o incluso gran escala. En Canarias seguramente fue a gran escala, en otras ciudades seguramente serán varios a diversa escala.

Y finalmente miré cual es el régimen legal en Valencia, mi ciudad. El reglamento está colgado en la web del ayuntamiento. A medida que iba leyendo empezaba a alucinar, porque muchas de las cosas que me había comentado el taxista autónomo, y que por mi propia experiencia como usuaria sé que son verdad o se le parecen mucho, son claramente "ilegales". Está taxativamente prohibido contratar "por horas", los conductores deben ser contratados en régimen de dedicación exclusiva, lo cual es incompatible con un contrato por horas. Luego ví el régimen sancionador, y resultó que aún estaba en pesetas. Así que ya me fui al final, a ver la fecha, y ¡es de 1984! Es decir, hemos tenido a una alcaldesa super-hiper-populista del PP entre 1991 y 2015, y en todo ese tiempo, ¡ni siquiera se actualizó el Reglamento para adaptarlo a la nueva moneda! No digamos ya el adaptarlo a las nuevas circunstancias: Internet, telefonía móvil, aplicaciones móviles, etc.

Recuerdo que para las sociedades mercantiles hubo un período transitorio en el que TODAS debían adaptar sus estatutos a la nueva moneda. Es decir, TODAS pasaron por el Registro Mercantil para adaptar su capital social, etc. a la nueva moneda. Parece que para los municipios y para la propia administración no regía el mismo principio.

En todo caso, el actual reglamento del taxi de Valencia no se cumple, y me pregunto por qué. Si tenemos una policía local, no digo ya los políticos novatos, como los del actual ayuntamiento, pero la policía local es una policia profesional, y su obligación es la de hacer cumplir la legislación municipal, y no sólo mantener la seguridad física de los ciudadanos. No se trata sólo de detener a atracadores y maleantes, o de perseguir a los manteros que intentan ganarse la vida en un medio hostil con medios irregulares, al final la economía sumergida, especialmente la de altos vuelos como es la practicada por los floteros, es una agresión directa a la ciudadanía. Por una parte están los explotados con mayor o menor dureza, y por otra parte están los ingresos que no tributan y que muchas veces se reinvierten en nuevas formas de explotación.

extraños títulos e interpretaciones

 Las pensiones en España son las cuartas más altas de Europa respecto a los salarios

Comentando esta noticia en rne decían que "según Europa" los pensionistas españoles son los que mayor nivel de vida tienen, lo que es una solemne estupidez. Cuando uno de los requisitos para que los desempleados de larga duración accedan a ayudas mínimas es el de NO POSEER VIVIENDA PROPIA al tiempo que la tasa de alquiler en España es de las más bajas y se ha incentivado la adquisición de vivienda por parte de los trabajadores, en especial durante las burbujas de alquileres, que ha habido varias y en Madrid, Barcelona y otras capitales es ya casi estructural, han sido las pensiones de jubilación de los abuelos los que han impedido la pobreza extrema y la miseria de hijos y nietos, vistiéndolos, alimentándolos y a veces incluso alojándolos, y generalmente no eran precisamente estos abuelos los que tenían las pensiones más altas. Fenómeno que ha impedido que muchos de los cientos de miles de parados sin ayudas o con ayudas miserables acabaran viviendo bajo un puente.

Decían en rne también que los salarios en Madrid son mucho más altos que en otras provincias, como Extremadura. Otra obviedad, porque si los empresarios pagaran en Madrid lo que pagan en Badajoz trabajar en Madrid sería un hobby para ricos, es decir, que no encontrarían trabajadores. En Ibiza lo están notando incluso más que en Madrid, porque el nivel de vida, concretamente el precio del alojamiento, es tan prohibitivo, que apenas encuentran profesionales cualificados y con experiencia para las profesiones peor retribuidas, como por ejemplo camareros, albañiles, etc. Y luego están las distancias en Madrid, en donde las empresas se van al extrarradio, porque los alquileres son más bajos o las urbanizaciones de lujo en las que viven los directivos están más cerca, obligando a plantillas enteras a grandes desplazamientos (tiempo y gastos de transporte que no se retribuyen).

Recuerdo una empresa de servicios que obligaba a sus teleoperadores, que no llegaban ni a mileuristas, a desplazarse unas dos horas y atravesar un descampado en medio de la noche si utilizaban el tren, pagando unos salarios que no permitían tener y mantener un coche en Madrid. Lo decidió de la noche a la mañana, de estar en Madrid norte decidieron irse a Pozuelo. Y con esos sueldos la mayoría de los teleoperadores eran gente muy joven, a la que de repente robaron cuatro horas diarias de vida, les añadieron un plus de peligrosidad, especialmente para las muchachas que tenían turnos de noche totalmente "gratuito" amén del dinero del desplazamiento, ni siquiera querían pagarles el abono de transporte.

Relacionado con la curiosa forma de dar las noticias, dejo constancia de una campaña en redes sociales llevada adelante por trabajadoras de rtve: Así se manipula

paralelismos, etc.

Dicen que Lamela ha mandado a prisión a los miembros del depuesto govern "por culpa" de Puigdemont. Que si éste no se hubiera largado, la jueza no habría considerado tan probable la fuga del personal. Y se me ha ocurrido que a los catalanes les puede pasar con su depuesto govern como a los miembros de éste con su presidente. Que si hubieran sabido elegir a sus gobernantes con más tino quizá con un poco de paciencia y mano izquierda habrían conseguido tener mayores cotas de libertad y menos de corrupción. Porque la corrupción, por lo que vamos sabiendo, campa por sus anchas en Cataluña con tanta fruición como en el resto de España. La diferencia está en los actores, que en el resto de España, salvo en Euskadi, quizá, la protagonizan los peperos, y en Cataluña lo hacían los de la antigua CiU y ahora sus sucesores.

un buen ministro de economía

Un buen ministro de Economía en un estado democrático y social se preocupa de lo que se ocupaba la economía antes de que el tinglado financiero se comiera todo y convirtiera la economía en teoría financiera: se preocupa de cómo reasignar los recursos para que TODAS las personas puedan vivir con un mínimo de dignidad. 

Si nuestro modelo económico es el del mercado y el del empleo, se preocupa de que haya suficientes empleos para todos, legislando de forma que el trabajo esté bien repartido. Y si el actual grado de tecnificación hace que sólo salgan a 500 horas anuales de trabajo, pues se legisla acorde con eso. Y desde luego se ocupa de que el mercado sea transparente.

Actualmente el mercado es todo menos transparente. El secretismo no es una característica inherente al mercado, sino al sistema capitalista. Y éste ha mostrado una y otra vez que es antisocial por naturaleza. El sistema capitalista favorece la concentración, se alimenta de la concentración de recursos, e impone la ley del más fuerte. Eso es contrario a la filosofía del mercado, por más que los grandes dueños del capital nos quieran decir lo contrario.

Estamos pagando caro, especialmente en España, el secretismo y la falta de transparencia de los mercados. Ello ha facilitado la concentración de la riqueza, que no redunda en beneficio de la ciudadanía, sino todo lo contrario. De hecho, no pasa ningún día sin que no nos enteremos de que amplias partes de las riquezas de las empresas, los empresarios y los ricos del país están a salvo en paraísos fiscales, lejos de cualquier presión fiscalizadora.

La falta de transparencia del mercado laboral ha hecho que la planificación educativa, que sigue siendo una prerrogativa estatal, camine a la deriva. Porque las empresas han contratado al margen del INEM, que es el organismo estatal que teóricamente gestiona el tema del empleo. El INEM además no tiene ningún tipo de articulación o vinculación con el sistema educativo. De hecho, la formación profesional ha estado dejada de la mano de dios: ni con el INEM ni con las Cámaras de Comercio e Industria, ni con ningún estamento del mundo profesional. Aparte de que la formación profesional sigue adoleciendo de un academicismo endémico en el sistema educativo español, que sigue manteniendo unos hábitos didácticos propios de otros siglos y en parte da cuenta del cacareado fracaso escolar.Aquí el rey del mambo son las editoriales, que vía libros de texto imponen sus propias filosofías (las del capitalismo, por supuesto).

El sistema educativo apenas proporciona ninguna herramienta útil para la vida moderna, tan solo sirve de trampolín hacia el siguiente peldaño educativo, y que al final se limita a repartir privilegios en función del origen social, reservando un pequeño cupo para la cantera. Los jóvenes salen de las escuelas sin preparación para la vida adulta: ni para las relaciones interpersonales, ni para las finanzas personales o profesionales, ni para manejarse críticamente con los medios de información y comunicación. Gran parte de los que van abandonando el sistema educativo son carne de cañón para explotadores laborales y consumidores fácilmente manipulables. Incluso los que acaban con licenciaturas muestran unos niveles alarmantes de carencia de espíritu crítico. Su espíritu crítico se limita a reproducir conductas de insatisfacción inducidas por la publicidad: el "porque tú lo vales" se aplica de forma totalmente acrítica cada vez que las circunstancias o sus propias limitaciones les niegan algún capricho.

faltas de ortografía hasta en la sopa

Tengo activadas varias alertas, y hace un rato, mirando los enlaces que me habían enviado, no daba crédito a mis ojos: ¡un artículo en Expansión con una hache delante de la preposición "a"! Se supone que es un sitio serio. Que esas cosas no pasan. Todos los días leo barbaridades .... pero ¡en un diario económico!

Tercera Piel, Sociedad de la Imagen y conquista del alma

Hoy me descargué este libro libre de Ramón Fernández Durán, para leerlo tranquilamente en mi nuevo autorregalo de Reyes. El texto abre con esta cita de Baudrillard

“En el espacio mediático la tasa de información es máxima, pero el índice de resonancia es inexistente. Antaño, los hechos y los actos tenían una resonancia real en un espacio limitado, el de la proximidad. (Pero ahora) la promiscuidad universal de las imágenes acentúa nuestro exilio y nos encierra en nuestra indiferencia (…) La televisión nos inculca la indiferencia, la distancia anestesia la imaginación (…). El olvido está inscrito en el acontecimiento mismo a través de la profusión de la información (…). La difusión mundial de los acontecimientos corresponde a su intensidad más débil y a su obsolescencia más rápida. La universalización de los hechos, de los datos, de los conocimientos, de la información, es una condición previa a su desaparición (…) La ironía radical de la historia es que las cosas no suceden ya en la realidad, (pues) hemos entrado ya en la época interactiva y sideral del vacío”

Jean Baudrillard, “La Ilusión del Fin”

Escribe más adelante Fdez. Durán:

.... pasan tantas cosas que es como si ya no pasase nada. Antaño la intensidad de algunos acontecimientos hacía que permanecieran en el tiempo recordados durante generaciones, solo a través de la trasmisión oral. Hoy en día asistimos a lo contrario, a una verdadera huelga de los acontecimientos, a pesar de la fuerza de la imagen. A una actualidad vacía, a través del psicodrama visual de la información. La tasa de información en teoría es máxima, pero el índice de resonancia es casi inexistente.

La relación inversamente proporcional entre el monto de la información y la resonancia de cualquier pieza informativa me parece un concepto clave para entender lo que nos pasa. Estamos sobreinformados, lo relevante se mezcla con lo irrelevante hasta conseguir contaminarlo todo y hacernos inmunes a cualquier información. No la digerimos, ni procesamos, ni evaluamos, ni nada. Por un oído /ojo entra, por el otro sale. O al menos, esa es la intención. En facebook mismo, en donde acabé abriendo perfil para darle una presencia en internet a nuestros proyectos de barrio, convivimos quienes buscamos un mundo mejor con quienes convierten la defensa de una marca comercial en su estandarte.

¿carreteras peligrosas o conductores imprudentes?

Acabo de leer en la prensa local que 23 muertos en un año convierten la N-340 en una de las carreteras más peligrosas del país.
Y me pregunto si el peligro viene de la carretera, o de los conductores. Un conductor siempre debe adaptar su conducción a la carretera, pero parece imperar la creencia de que las carreteras deben adaptarse a la máxima potencia de un automóvil y la mínima precaución de su conductor. Y pasa lo que pasa.

Las carreteras nunca serán lo suficientemente seguras para que el riesgo de accidente de un conductor imprudente con un coche potente sea cero. El país no tiene suficientes recursos como para convertir en autopistas gratuitas hasta los caminos vecinales.

Un vecino se queja de que no hay ningún radar que limite la velocidad. ¿Desde cuándo no son suficientes las señales de limitación de velocidad? ¿Desde cuándo no es suficiente el código de circulación que obliga a adaptar la conducción a la carretera y a las condiciones de visibilidad? ¿Quién está pagando a los periodistas y directores y propietarios de periódicos para que reclamen carreteras en lugar de colaborar en la educación del conductor y denuncien el exceso de potencia de los coches actuales?