Titulares de prensa y formación democrática

Conversación matutina con ChatGPT                                                                                                                                                                                                          

A propósito de este artículo en El Plural: El reparto de menores de Ceuta evidencia la insolidaridad de PP y Vox y agrava la fractura territorial

A falta de compañeras/os de tertulia "a mano" a veces me pongo a charlar con ChatGPT, cuya suscripción he mantenido después de la jubilación. 

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Me puedes recordar si el reparto de Menores No Acompañados impuesto a las comunidades autónomas españolas (como es lógico que sea así) lo es por Iey? Por qué clase de norma?

Sí. Desde 2025, el mecanismo de reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas tiene rango de ley, aunque conviene distinguir dos niveles normativos:

1. La norma que crea la obligación es un Real Decreto-ley:

• Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. 

2. Ese Real Decreto-ley modifica la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, introduciendo un mecanismo permanente para los supuestos de "contingencia migratoria extraordinaria". La modificación recae sobre preceptos de la Ley de Extranjería que no tienen carácter orgánico, por lo que podían ser modificados mediante un real decreto-ley. Esto fue objeto de debate cuando se aprobó la norma, pero el propio decreto-ley justifica expresamente que no altera los artículos de naturaleza orgánica.


En consecuencia:

• La obligación de repartir menores tiene fuerza de ley.

• No nace de un simple reglamento ni de un acuerdo político.

• Los Reales Decretos posteriores (como el RD 743/2025 y su actualización de 2026) no crean la obligación, sino que desarrollan técnicamente el sistema: fijan la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y permiten aplicar los criterios previstos en la Iey. 

Por tanto, si alguien afirma que el reparto es una decisión discrecional del Gobierno, jurídicamente no es correcto. El Gobierno puede desarrollar y ejecutar el mecanismo, pero la base jurídica del reparto obligatorio está en una norma con rango de Iey, el Real Decreto-ley 2/2025, que modificó la Ley de Extranjería. 

Como matiz jurídico, un real decreto-ley tiene rango de Iey desde su publicación, pero debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de treinta días (art. 86 CE). Una vez convalidado, mantiene plenamente su eficacia, salvo que posteriormente sea derogado o declarado inconstitucional.

Me pregunto si un titular de este tipo: "El reparto de menores de Ceuta evidencia la insolidaridad de PP y Vox y agrava la fractura territorial - Los ejecutivos autonómicos gobernados por ambas formaciones mantienen el rechazo al plan del Gobierno, mientras la dirección nacional de los populares evita asumir el discurso de Santiago Abascal" no está blanqueando lo que en realidad es un desacato, rebeldía o insumisión, por llamarlo más propiamente?

Tu observación apunta a una cuestión de precisión jurídica y de encuadre periodístico.

Desde un punto de vista político, un medio puede describir la actitud de esas comunidades como "rechazo", "insolidaridad" o "fractura territorial". Son términos valorativos que interpretan el comportamiento.

Pero desde un punto de vista jurídico, si existe una obligación impuesta por una norma con rango de Iey, la cuestión relevante ya no es si una comunidad "está en desacuerdo", sino si está cumpliendo o incumpliendo una obligación legal.

Ahora bien, tampoco conviene emplear automáticamente términos como "desacato", "rebeldía" o "insumisión", porque en Derecho tienen matices:

• Desacato ya no existe como delito en el Código Penal español. En el lenguaje común se usa para describir una desobediencia a la autoridad, pero jurídicamente no es la expresión técnica adecuada.

• Rebeldía tiene significados procesales muy concretos (por ejemplo, la rebeldía del demandado en un procedimiento civil) y tampoco describe bien este supuesto.

• Insumisión tiene un fuerte contenido histórico y político (la negativa al servicio militar), por lo que funciona mejor como metáfora que como calificación jurídica.

Si una comunidad autónoma se negara a aplicar una Iey estatal válida y vigente, las expresiones más ajustadas serían, por ejemplo:

• incumplimiento de una obligación legal;

• desobediencia institucional (si se acredita una negativa deliberada a cumplir);

• incumplimiento del deber de colaboración con el Estado, cuando proceda;

• o, sencillamente, negativa a ejecutar una norma con rango de ley.

En ese sentido, el titular que citas pone el foco en el juicio político ("insolidaridad") y en la estrategia de los partidos ("fractura territorial"), desplazando a un segundo plano la cuestión jurídica, que podría formularse así: ¿están incumpliendo una obligación legal o simplemente impugnándola por las vías previstas?

Y ahí está el matiz importante. En un Estado de Derecho una administración puede:

1. recurrir una Iey o un acto ante los tribunales;

2. solicitar su suspensión cuando el ordenamiento lo permita;

3. discrepar públicamente de ella.

Lo que no puede, en principio, es decidir unilateralmente no aplicarla mientras siga siendo vigente, salvo que exista una resolución judicial que suspenda su eficacia o una previsión legal que lo autorice.

Por eso, antes de hablar de "desobediencia institucional" habría que comprobar en qué fase está cada comunidad: si simplemente ha anunciado su oposición política, si ha interpuesto recursos y sigue cumpliendo provisionalmente, o si efectivamente está dejando de ejecutar una obligación legal. Esa diferencia es decisiva para la calificación jurídica, aunque desde el punto de vista periodístico un titular como el que citas opte por destacar la dimensión política del conflicto antes que la jurídica.

A mí me molesta esta presunta "blandenguería" de la prensa crítica, porque me temo que es una actitud defensiva ante una actitud matonesca por parte de sectores de la extrema derecha (Manos Limpias, etc.) que aprovechan cualquier mínima crítica para convertirla en ofensa, llevarla a los tribunales y con un poco de suerte, amargar la vida a un periodista o incluso a un periódico entero

Es una preocupación que comparten bastantes analistas y profesionales del periodismo, aunque las explicaciones que se dan no son todas las mismas.

Una hipótesis es la que planteas: que algunos medios moderen el lenguaje para reducir el riesgo de demandas, querellas o campañas de presión. En los últimos años se ha hablado mucho del uso de litigios estratégicos contra la participación pública (las llamadas SLAPP, por sus siglas en inglés), es decir, procedimientos judiciales que, con independencia de sus posibilidades de prosperar, pueden tener un efecto disuasorio sobre periodistas, activistas o investigadores. Ese fenómeno está reconocido por instituciones europeas, que incluso han impulsado medidas para limitarlo.

Pero no es la única explicación posible. También influyen otros factores:

• La cultura profesional de muchos medios de separar, al menos en los titulares, la descripción de los hechos de su calificación jurídica. Un periodista suele preferir escribir "rechaza cumplir el reparto" antes que "incumple la Iey", salvo que exista ya una resolución administrativa o judicial que constate formalmente el incumplimiento.

• El temor a que un término jurídicamente cargado pueda ser considerado una afirmación de hecho insuficientemente acreditada. Es distinto decir "el Gobierno sostiene que incumple la Iey" que afirmarlo categóricamente en un titular.

• La propia dinámica periodística: un titular busca atraer al lector y suele privilegiar el conflicto político ("fractura", "choque", "pulso") frente al análisis jurídico.

Ahora bien, también es cierto que algunos críticos sostienen que esa cautela puede acabar desdibujando la naturaleza del conflicto. Si una administración está jurídicamente obligada a hacer algo y anuncia que no lo hará, describirlo únicamente como un "rechazo" puede hacer que el lector lo perciba como una simple discrepancia politica entre opciones igualmente legítimas, cuando existe además una dimensión de cumplimiento del ordenamiento.

En definitiva, tu interpretación —que existe una cierta autocontención por miedo a la presión judicial o política de determinados actores— es una hipótesis plausible y respaldada por algunos periodistas y estudios sobre libertad de prensa. Pero atribuir un titular concreto a ese motivo exigiría conocer cómo se decidió en la redacción; también podría obedecer a criterios editoriales de prudencia jurídica o de estilo periodístico.

Quizá el fondo de la cuestión sea este: el lenguaje nunca es neutral. Elegir entre "rechazar", "incumplir", "desobedecer" o "incurrir en un incumplimiento legal" no solo describe unos hechos; también sitúa al lector en un determinado marco interpretativo. Por eso esas elecciones generan tanto debate.

Entiendo lo que explicas. Lo que me pregunto entonces es si lo de anunciar a bombo y platillo el rechazo al reparto no será una táctica preelectoral para introducir o reforzar la polarización o incluso para ganar nuevos votantes entre un electorado poco formado que pueda "sentirse" de centro o socialmente comprometido, pero esté siendo intoxicado sistemáticamente con mensajes xenófobos a nivel ambiental

Esa es una hipótesis política razonable y, de hecho, encaja con marcos de análisis utilizados en ciencia política y comunicación. Lo que no puede afirmarse como un hecho demostrado respecto a un caso concreto sin evidencias internas de los partidos.

Hay varios mecanismos que la literatura describe:

• Movilización por temas ("issue ownership"). Un partido intenta convertir un asunto —como la inmigración— en el eje principal del debate porque considera que es donde parte con ventaja frente a sus adversarios.

• Polarización afectiva. Más que convencer al votante con argumentos nuevos, se busca reforzar la identificación con "los nuestros" y el rechazo a "los otros". Los mensajes muy contundentes suelen ser eficaces para este objetivo.

• Señalización al electorado. Anunciar públicamente que no se aplicará una medida puede tener un valor simbólico incluso si después la realidad jurídica obliga a matizar la posición. El mensaje político ya ha llegado a quienes se quería llegar.

• Desplazamiento de la agenda. Si la conversación pública gira durante semanas en torno a la inmigración, otros asuntos (sanidad, vivienda, financiación autonómica, etc.) pueden perder protagonismo.

Respecto a la segunda parte de tu reflexión —la posibilidad de atraer a personas que se consideran moderadas pero están expuestas de forma continuada a mensajes xenófobos —, también hay investigación relevante. Los estudios sobre framing, agenda setting y exposición repetida muestran que la repetición constante de determinados marcos puede modificar qué problemas percibe la ciudadanía como prioritarios y cómo los interpreta.

Eso no significa que las personas sean receptores pasivos ni que toda exposición produzca el mismo efecto; intervienen la educación, las experiencias personales, el entorno social, la confianza en las fuentes y muchos otros factores.

Por eso, en investigación suele evitarse una formulación como "electorado poco formado", porque puede sugerir que existe una relación simple entre nivel educativo y comportamiento político. La evidencia es más compleja: el voto a partidos de derecha radical aparece en grupos con niveles educativos muy diversos, y las variables que mejor explican su apoyo suelen combinar percepciones de inseguridad, identidad cultural, confianza institucional, situación económica y consumo de determinados medios o redes sociales.

Lo que sí parece bastante sólido es que la inmigración puede convertirse en un tema altamente emocional, donde las percepciones no siempre guardan una relación estrecha con los datos objetivos sobre flujos migratorios, delincuencia o uso de servicios públicos. En ese terreno, la forma en que los actores políticos y mediáticos presentan el asunto adquiere un peso considerable.

En resumen, es perfectamente defendible como hipótesis analítica decir: "1o oposición [rontal al reparto de menores puede formar parte de una estrategia para reforzar la centralidad política de la inmigración y movilizar a determinados segmentos del electorado." Lo que ya requeriría pruebas específicas es atribuir esa intención como el motivo efectivo de la estrategia de un partido concreto.

Cuando hablo de electorado poco formado me refiero a la falta de formación política, no al nivel educativo. Como es una de mis ideas centrales: la de que desde la muerte de Franco no ha habido formación política en democracia, y que a medida que va pasando el tiempo, se desdibuja la memoria por envejecimiento y fallecimiento de los protagonistas del cambio a una democracia (a nivel local, no me refiero al nivel de los representantes políticos) esa falta de formación está permitiendo que perdamos grados de democracia

Ese matiz cambia bastante el sentido de lo que decias, y creo que conviene distinguirlo porque no es lo mismo "bajo nivel educativo" que "escasa formación cívica o política".

La idea de que una democracia necesita una ciudadanía con conocimientos mínimos sobre el funcionamiento de las instituciones no es en absoluto marginal. Autores como Robert A. Dahl, o Pierre Rosanvallon, desde perspectivas distintas, han defendido que la calidad democrática depende no solo de celebrar elecciones, sino también de la capacidad de los ciudadanos para comprender, deliberar y controlar el poder.

En España, además, existe un debate específico sobre la Ilamada cultura democrática. Tu tesis podría resumirse así:

• La Transición logró implantar instituciones democráticas.

• Sin embargo, no se consolidó un proyecto continuado de educación política de la ciudadanía.

• Mientras vivían quienes habían experimentado la dictadura, existía una memoria social que suplía en parte esa carencia.

• A medida que esa memoria desaparece, las nuevas generaciones tienen menos referencias para reconocer qué prácticas fortalecen o erosionan una democracia constitucional.

Esa es una hipótesis perfectamente defendible como objeto de debate. Otra cuestión es que pueda demostrarse empíricamente en todos sus extremos.

Donde sí habría discusión entre especialistas es en la explicación de por qué no se produjo esa formación. Algunos sostienen que durante la Transición hubo una decisión implícita de evitar una enseñanza política intensa para no reabrir conflictos ideológicos y priorizar el consenso constitucional. Otros creen que sí hubo educación cívica, pero de forma intermitente, poco sistemática o demasiado centrada en contenidos descriptivos ("qué es el Congreso", "cómo se vota") y muy poco en el desarrollo de competencias democráticas: distinguir hechos de opiniones, identificar falacias, comprender la separación de poderes, valorar el pluralismo o analizar críticamente la información.

Creo que tu planteamiento tiene un elemento especialmente interesante: no identificas la formación política con la adhesión a una ideología determinada. Si entiendo bien lo que planteas, para ti una buena formación política consistiría en que cualquier ciudadano, sea de izquierdas, de derechas o de centro, supiera responder preguntas como:

• ¿Qué diferencia hay entre una Iey y un reglamento?

• ¿Qué significa que una comunidad autónoma está obligada por una Iey estatal?

• ¿Qué funciones tiene el Tribunal Constitucional y cuáles no?

• ¿Qué distingue una crítica política de una responsabilidad penal?

• ¿Cómo se controla jurídicamente a un gobierno?

Ese tipo de conocimientos no dicen a nadie qué debe pensar, sino que proporcionan herramientas para evaluar críticamente los discursos políticos.

En ese sentido, enlaza con algo que has mencionado en otras ocasiones sobre tu interés por la educación política de la ciudadanía. Si el objetivo es que las personas puedan participar de forma autónoma y crítica en la vida pública, la formación democrática no sería un complemento de la democracia, sino una de sus condiciones de funcionamiento.

A propósito de la prescripción

 POR LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN DELITOS FISCALES Y DE CORRUPCIÓN CUANDO EXISTA ENCUBRIMIENTO INSTITUCIONAL

Una democracia socavada desde dentro

En un estado autodenominado de derecho en el que casi la totalidad de los ricos y poderosos se pasen por el forro el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante artificios contables y jurídicos no se puede esperar del ciudadano común ningún respeto por la ley o por las instituciones del país. En el nuestro, mientras el ciudadano de a pie soporta una fiscalidad rigurosa y sin margen de error, las grandes fortunas, corporaciones y redes de poder se encuentran cómodamente "a salvo" del sistema, en las numerosas grietas del mismo.

Con los recientes escándalos de corrupción fiscal, como es el caso del exministro Cristóbal Montoro, vemos con claridad cómo algunos y algunas han gozado de privilegios fiscales indebidamente adquiridos gracias a la mediación de despachos privados estrechamente vinculados al poder político. Lo peor es que a pesar de la magnitud del fraude, una vez descubierto, el Estado carece de herramientas eficaces para recuperar lo robado.

La prescripción un elemento clavo para la impunidad

La legislación actual en materia penal y tributaria establece que el plazo de prescripción de un delito comienza a contar desde el momento en que se comete el hecho. Este principio, que podría tener sentido en un sistema transparente y simétrico, se convierte en un instrumento de total y absoluta impunidad cuando el delito es deliberadamente ocultado por quienes ostentan el poder o cuando desde el propio aparato del Estado hay quien colabora en su encubrimiento.

Así, mientras en el mundo del comercio el plazo para reclamar por una mercancía defectuosa comienza cuando se descubre el fallo, en el mundo de las finanzas públicas el plazo para juzgar un fraude comienza incluso antes de que pueda saberse que ha ocurrido. Esto no solo es incoherente: es social y democráticamente inaceptable.
 

El encubrimiento institucional como agravante y causa de suspensión

Cuando existe participación, encubrimiento o negligencia intencionada por parte de alguna o algunas autoridades públicas en un delito fiscal o de corrupción, el sistema jurídico debería reaccionar con la mayor de las firmezas. La complicidad institucional no puede ser premiada con la prescripción, sino que debe ser considerada una causa de suspensión del plazo para investigar, juzgar y sancionar.

El Derecho comparado ofrece ejemplos claros: en países como Italia, Brasil o Chile, se han aprobado normas que permiten suspender o ampliar los plazos de prescripción cuando el delito se ha visto encubierto o cuando afecta directamente a la integridad institucional.

Propuesta de reforma legal

Los ciudadanos y ciudadanas deberíamos pedir al Congreso, en pleno, la introducción de una cláusula clara u operativa en el Código Penal y en la Ley General Tributaria del siguiente tenor:

"En los delitos económicos, fiscales o de corrupción en los que medie encubrimiento doloso, fraude procesal o participación de autoridades públicas que impidan su detección, el plazo de prescripción quedará suspendido hasta el momento en que cese dicha situación de ocultación o el hecho delictivo sea conocido por la administración competente o la justicia."

Porque esta medida

• Reforzaría el principio de igualdad ante la ley.
• Protegería los intereses públicos frente a las redes de corrupción institucionalizada.
• Disuadiría el uso del poder público para favorecer la impunidad.
•  Reestablecería la simetría entre lo que se exige al ciudadano común y a quienes gestionan lo público.
  
  

Llamamiento

No se trata de un tecnicismo legal. Se trata de una decisión política de fondo: o bien se sigue permitiendo, seguimos permitiendo todos y todas, que los delitos cometidos desde el poder queden impunes por el simple paso del tiempo, o bien se reforman nuestras leyes para garantizar que la justicia pueda actuar incluso cuando el delito haya sido cuidadosamente ocultado.

Debemos reclamar al legislador, a los partidos políticos, a la ciudadanía organizada y a las instituciones democráticas que impulsen esta reforma, pero ya. Ya ha pasado demasiado tiempo desde que los españoles y las españolas decidimos vivir en democracia, aprobando en su momento la constitución que nos presentaron los legisladores. Y una constitución no son las tablas de la ley esculpidas en piedra: la constitución en un estado democrático es expresión de una voluntad común de convivencia pacífica y solidaria. Y si algo en la actual constitución no nos sirve habrá que cambiarlo. Los tiempos cambian, nuestra forma de vivir cambia, no puede ser que tengamos una constitución, que es la madre de todas las leyes, en la que no tengan cabida las nuevas formas y costumbres que nos han traído la tecnología y las nuevas formas de interacción social. 

Tiene que quedar claro para todo el mundo, para los gobernantes y para los gobernados: quien usa el poder para encubrir el delito no debe beneficiarse del olvido, sino enfrentarse a la ley con toda su fuerza.

La vivienda como mercancía

Mientras la vivienda tenga la consideración de una mercancía que puede ser objeto de transacciones económicas y financieras a escala industrial, una gran parte de los ciudadanos de a pie seguiremos vendidos y abocados a la pobreza y miseria.

Los gobiernos y la UE han permitido que la banca y las empresas hayan jugado con las viviendas como antaño hicieron los especuladores con los tulipanes, allá por el siglo  XVII. Con la diferencia de que los tulipanes eran objetos decorativos y sin otra finalidad. Mientras que las viviendas satisfacen una necesidad primaria, como es el techo, y en nuestras sociedades avanzadas, un hogar.

Cuando ya apenas quedaba ningún otro bien de primera necesidad, los buitres se fijaron en las viviendas. Hacía tiempo ya que habían descubierto el punto débil de las democracias avanzadas: la protección del pequeño consumidor. De modo que había que incluir al pequeño y mediano ciudadano de a pie en el negocio especulativo de la vivienda, como antes se le había incorporado al negocio bursátil. Se le invitaba a participar del festín a través de fondos de todo tipo, desde pensiones hasta de alto riesgo, o bonos, o participaciones o incluso inversiones directas.  Con la excusa de que no se puede dejar caer al pequeño inversor los grandes actores financieros jugaban alegremente en el gran casino de la bolsa, sabedores de que en caso de quiebra los estados acudirían con sus haciendas públicas al rescate. Emitiendo deuda pública que es adquirida por los buitres ganadores en el casino. Todo queda en casa.

Volviendo a la vivienda. Cuando ya las burbujas inmobiliarias y el gran negocio de la construcción de viviendas residenciales estaba a punto de petar, ha aparecido un nuevo nicho de negocio: Sacar viviendas del parque residencial para dedicarlas a la industria del ocio (turismo) y "trocear" los activos bancarios correspondientes a las hipotecas para lucrarse con los despojos del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ha aparecido una nueva industria: la gestión de viviendas procedentes del parque residencial y comercial reacondicionadas en turísticas. No es que los arrendadores ahora se dediquen al negocio turístico. Se han reconvertido en rentistas, que obtienen sus rentas de una actividad industrial: la gestión de las viviendas turísticas por parte de grandes, medianos y pequeños operadores.

Sólo en Valencia han aparecido en unos pocos años media docena de los grandes, a los que hay que sumar despachos de abogados, agentes inmobiliarios o profesionales de la obra dedicados a esta industria, amén de los listillos de siempre, que aprovechan el momento para hacer su agosto personal:

1. GuestReady (su web. NO INCLUYE AVISO LEGAL)
   Ofrece una gestión integral de alquileres turísticos en Valencia, incluyendo fotografía profesional, optimización de precios, check-in, limpieza y mantenimiento. Su comisión se basa en un porcentaje de los ingresos por alquiler.

2. ValenciaGuest (su web / empresa según Aviso Legal)
   Especializados en la gestión de inmuebles en alquiler vacacional, garantizan la máxima rentabilidad de la inversión sin preocupaciones para los propietarios. Ofrecen servicios como estrategias de venta, gestión de ingresos, check-in y mantenimiento.

3. Weguest (su web / empresa según Aviso Legal; un consejero)
   Proporciona servicios de gestión para pisos y apartamentos turísticos en Valencia, incluyendo atención al cliente, limpieza y mantenimiento.

4. Nestify (su web, NO INCLUYE AVISO LEGAL)
   Se encargan de gestionar propiedades en plataformas como Airbnb, ofreciendo servicios de optimización de ingresos, mantenimiento y atención al huésped.

5. Freehost Valencia (su web / empresa según Aviso Legal)
   Ofrecen gestión de alquileres vacacionales, incluyendo entrega de llaves, tours de la vivienda y soporte 24/7 para huéspedes.

6. Homenfun (su web / empresa según Aviso Legal)
   Especialistas en gestión integral de alojamientos turísticos, prometen más reservas, menos preocupaciones y mayores beneficios para las propiedades vacacionales.

 

 

 

Va de política y democracia

 Hoy he visto dos vídeos con Jesús Cintora, muy buenos, y por eso los comparto por aquí.

El primero era una conversación con Javier Aroca, y va de bulos, televisión y redes sociales. Una conversación  muy interesante. Javier Aroca está más cerca de mi generación, Jesús Cintora es de la generación de los periodistas más jóvenes. 

El segundo era una conversación con un personaje al que desconocía, pero que me ha resultado muy interesante en la conversación con Cintora, y ahora más aún cuando he descubierto su biografía: José Miguel Villarroya.

 

También he descubierto una entrevista que le hicieron sobre las dos Alemanias, pues resulta que pasó cuatro años en la RDA, poco antes de la caída del muro. Es una entrevista llena de datos interesantes: Entrevista a José Miguel Villarroya, Doctor en Historia y ex ciudadano de la RDA 

 

Y luego pillé también una entrevista a David Jiménez, sobre el oficio del periodismo, y su centralidad para la democracia. Cuando se decía que "el cuarto poder" es la prensa se pensaba más en la dimensión de control a la democracia, una especie de "Asuntos Internos" de la sociedad civil, que como portavoz o guardián de los intereses de los poderes fácticos. Este papel, de control, lo están jugando ya muchos periodistas con un importante precio personal y sin ningún amparo institucional (el que corresponde a la prensa).

 

El apagón

 La entrevista de Julián Macías a Antonio Turiel ilustra, en mi opinión, lo que pasó, además de los antecedentes y las causas últimas. Las causas directas creo que todavía no están aclaradas.

   

 Aquí se comenta lo que se ha hecho en California, tras los apagones de 2020:

En cuanto a la gestión de la crisis, me ha resultado muy interesante leer el artículo en Eldiario.es sobre cómo se gestionó el tema desde Presidencia del Gobierno las primeras horas.

No soy mucho de rezar, pero si lo fuera, estaría dando gracias todos los días por tener a un gobierno presidido por gentes del PSOE (que en realidad es un partido de centro, aunque centro izquierda, surgido al final del franquismo que se hizo con la marca, que estaba en manos de unos envejecidos dirigentes en el exilio) y no del PP (que es un partido lleno de nostálgicos del franquismo en cuanto que sistema que permitía a las oligarquías económicas "ordeñar" al pueblo, y en el que tienen cabida cuantos quieren medrar siguiendo aquellas prácticas - lo que no quiere decir que en el presente régimen turnista no los encontremos también en el PSOE).

Vista la labor de oposición realizada por el PP, al menos la que nos trasladan los medios "main stream", creo que han alcanzado, como partido, el llamado "Principio de Peter", el "techo del nivel de incompetencia".

Y ya puestos, un video largo, largo, con una charla de Turiel sobre la energía:

 

artículo de encargo: Turnismo y Bipartidismo

Mis conversaciones con ChatGPT normalmente son las conversaciones con un asesor o ayudante: le pido ideas, borradores, etc. 

Hoy le pedí ideas, pero con el esquema que me dio me ofreció redactarlo en forma de artículo, y aquí va. No lo he tocado, porque no soy historiadora sino aficionada a la historia, ni politóloga, pero sí aficionada a la política. Y no me he tropezado con ningún dato que haya necesitado aclarar o matizar, como sí suele suceder en otras ocasiones.

De modo que aquí va el artículo, tal cual. Incluida la metáfora última, la de la rima.

 

¿Se Turnan Siempre los Mismos? Cánovas, Sagasta, PP y PSOE: Una Comparación Necesaria

En la historia política de España, hay momentos que, aunque estén separados por más de un siglo, tienen ciertas similitudes sorprendentes. Uno de ellos es el llamado “turno pacífico” de finales del siglo XIX, cuando Cánovas y Sagasta se alternaban en el poder con sus respectivos partidos (Conservador y Liberal), y otro es el sistema actual, donde PP y PSOE han gobernado casi sin interrupciones desde la Transición. Aunque las diferencias son muchas —empezando por que hoy vivimos en democracia—, merece la pena preguntarse: ¿hay puntos en común entre aquel sistema del siglo XIX y nuestro bipartidismo actual?

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1. El poder se turna, pero… ¿decidimos nosotros?

Durante la Restauración (1874–1923), los dos grandes partidos se turnaban el gobierno de forma pactada. Las elecciones estaban amañadas y los resultados se "arreglaban" antes de que se abrieran las urnas. Hoy eso no ocurre: las elecciones son limpias, el voto es libre y universal. Pero mucha gente tiene la sensación de que, al final, gobiernan siempre los mismos, con políticas parecidas. No porque haya fraude, sino porque el sistema favorece a los dos grandes partidos, y eso hace que la alternancia parezca inevitable, casi automática.

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2. Participamos más, pero… ¿nos escuchan?

En la época de Cánovas y Sagasta, la mayoría de la población no votaba, y los que sí lo hacían, sabían que su voto servía de poco. Hoy tenemos derecho a votar, y mucha más información que antes, pero también más dudas sobre si nuestro voto cambia algo realmente. La abstención y el desencanto van en aumento, especialmente entre jóvenes. Aunque formalmente vivimos en una democracia, muchos sienten que los partidos mayoritarios no representan sus preocupaciones.

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3. Partidos: ¿vehículos de ideas o máquinas de poder?

Antes, los partidos eran poco más que clubes de notables, creados para organizar el turno en el poder. Hoy los partidos tienen estructura, ideología y militancia. Sin embargo, también se han profesionalizado mucho: funcionan como organizaciones que reparten cargos, gestionan recursos y cuidan más su imagen que el debate interno. A veces, parece que lo importante es ganar elecciones, no construir proyectos políticos a largo plazo.

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4. Del caciquismo rural al clientelismo moderno

En la Restauración, los caciques locales controlaban el voto mediante favores y presiones. Hoy no hay caciques como tales, pero sí hay prácticas que recuerdan al clientelismo: contratos públicos, redes de influencia, favores políticos… Especialmente a nivel autonómico o municipal, donde los partidos tienen estructuras muy consolidadas, no siempre fáciles de fiscalizar.

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5. Cuando aparecen nuevos partidos

El sistema del XIX cayó porque no supo integrar a nuevos actores: republicanos, nacionalistas, socialistas... Hoy hemos visto algo parecido con la aparición de partidos como Podemos, Ciudadanos o Vox. Aunque el PP y el PSOE siguen siendo las fuerzas principales, su dominio ya no es tan claro como antes. El mapa político está más fragmentado, y eso obliga a negociar, pactar y a veces a renunciar a ciertas comodidades del bipartidismo.

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6. ¿Quién manda de verdad?

En tiempos de Cánovas y Sagasta, estaba claro: mandaban las élites, y el pueblo apenas contaba. Hoy la situación es distinta, pero muchos sienten que las decisiones importantes se siguen tomando en círculos cerrados: despachos, consejos de ministros, sedes de partidos… Y que la sociedad civil solo es llamada a opinar cuando hay elecciones, pero poco más.

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Conclusión: ¿Cambiamos los nombres pero no las reglas?

No se trata de decir que hoy vivimos en una copia de la Restauración. Las diferencias son evidentes. Pero sí podemos ver ciertas continuidades en cómo se organiza el poder político en España: dos grandes partidos, una alternancia casi automática, una ciudadanía a veces desmotivada y una estructura de partidos más centrada en gestionar que en transformar.

La comparación sirve no para despreciar lo que tenemos, sino para pensar en cómo mejorarlo. La historia no se repite, pero a veces rima. Y entender esas rimas puede ayudarnos a escribir estrofas nuevas.

Aunque en el artículo diga que no hay fraude, sí lo hay, en mi opinión. Es más discreto y pasa más desapercibido. Y seguramente por parte de ambos, aunque con dimensiones diferentes. 

Porque hay fraude cuando se produce un "dopaje electoral" es decir, se gasta mucho más dinero del que se declara oficialmente, mediante artimañas. El PP ha sido condenado varias veces por ello, pero parece que a sus votantes eso les parece bien. Y tampoco hay ninguna pena asociada a la condena que les impida persistir y repetir. 

Luego está el autobombo institucional, practicado por ambos. 

Y finalmente está el apoyo mediático que siempre reciben las derechas mucho más que las izquierdas, dado que el poder económico está de su lado. Los grandes medios en papel reciben abundantes subvenciones directas e indirectas. La izquierda sobrevive básicamente con medios digitales que dependen más de suscriptores que de patrocinadores o de la publicidad pagada.

el debate en Antena Tres

 Dicen que dijo Feijóo que se negaba a cualquier debate en tve. De modo que el debate tuvo lugar en Antena Tres. Era previsible que fuera un desastre de debate, como efectivamente fue. De entrada, un debate en una cadena privada, en España, ya es entrar en escenario hostil para cualquier político de izquierdas. Incluso del PsoE.

Además de Vicente Vallés, estrella mediática de la cadena que oficia de periodista, intervenía Ana Pastor, antiguamente enfant terrible, hasta su incorporación a la Sexta, con su matrimonio con Ferreras, el capo di capi de dicha cadena. En una entrevista tras el "debate", por llamarlo de alguna manera, se defendió de las acusaciones de pasividad diciendo que no podía parar a cada momento el debate diciendo que "no es verdad".  

¿Qué hubiera tenido de malo? Decimos que el que calla otorga, y con su silencio, en calidad de periodista incisiva, no ha hecho más que blanquear todas y cada una de las mentiras dichas por el candidato del partido más corrupto de la historia de la democracia. 

Un botón de muestra: Fact Checking de la Cadena Ser

Y una captura del Huffington Post:

 

callados como putas (con perdón de las putas)

 Se lo oí alguna vez a M. uno de mis jefes, y me gustó la expresión. Y la pienso (más que la digo) muchas veces en relación con la prensa escrita "de toda la vida" de este país. 

Las primeras veces, hace ya muchísimos años, cuando mi hermana azafata empezó a vivir en Madrid. Porque alguna vez dejó caer algo sobre las correrías nocturnas del ahora emérito en su moto por las calles de la capital. Luego cuando alguna prensa "canalla" dejó caer el puesto que ocupaba el ahora emérito en las listas de grandes fortunas del mundo mundial. Hace siglos que ya no se comenta. Tampoco mucho sobre los puestos que ocupan otros "connacionales" en las mismas.

Y cada vez lo pienso con más frecuencia en relación con la prensa escrita de toda la vida, de esa que alimenta los telediarios y los boletines de radio, y las tertulias en radio y tv. Llevamos cuatro años con la cúpula del poder judicial en funciones, hasta hace poco nombrando y cesando jueces a conveniencia de la derecha de este país, y esa prensa hace como si no pasara nada. Como si no se estuviera incumpliendo la ley todos y cada uno de los días en que no se van a casa dejando paso a los sucesores según ley.

Esa prensa que hace de voceros de unos señores y unas señoras de derechas que mienten más que hablan, que mienten a la ciudadanía con el único motivo de desacreditar a todos y cada uno de los políticos y políticas de izquierdas y desanimar a sus electores y votantes. Unos señores y unas señoras que mienten a sabiendas, y esa prensa que reproduce ad náuseam unas mentiras bien a sabiendas, bien con nulo interés en verificar su veracidad antes de difundirlas.

Esa prensa que se niega a conocer y difundir lo que hace ya medio siglo llevan advirtiendo científicos de muchas disciplinas: que nuestro sistema económico nos está llevando al suicidio colectivo, a la extinción masiva de los humanos, al estar destruyendo el único hábitat que tenemos. Que pudiendo hacer las cosas bien, las están haciendo mal los que mandan: gobiernos, multinacionales, responsables de las empresas y las organizaciones económicas y financieras por un solo motivo: el afán de lucro. Que han sustituido la ética de la responsabilidad por el afán de lucro. 

PD:

En la misma línea, acabo de leer en CTXT a Gerardo Tecé quejándose de lo mismo: que los periodistas callan como putas ante las mentiras de Feijóo.

El Ingreso Mïnimo Vital

 Al principio de la pandemia se aprobó el Ingreso Minimo Vital, lo que aportó esperanza a mucha gente que vivía al borde del peligro de exclusión, que es el nombre oficial de la pobreza, al parecer. Porque vivir instalado en la precariedad, dependiendo de sueldos o ayudas sociales míseras e irregulares, no es vivir al borde de nada. Es vivir instalado en la pobreza. 

Cada accidente doméstico: una vieja lavadora o un viejo calentador, o un viejo frigorífico que acaban muriendo significan o pueden significar una catástrofe. O un viejo coche o motocicleta que pasan a mejor vida. Cualquier problema odontológico significa una catástrofe, ya que la Seguridad Social no ofrece más que la extracción de piezas. Cualquier problema dermatológico significa una catástrofe, ya que ningún fármco dermatológico entra dentro del catálogo de la seguridad social. 

De hecho, el que los médicos de la Seguridad Social te receten fármacos, plantillas, gafas, etc. que no entran dentro del catálogo de la Seguridad Social significa otra pequeña catástrofe. Por eso el Ingreso Mínimo Vital supuso una gran esperanza para mucha gente. 

 

Sin embargo, estas esperanzas no se han cumplido. Peor aún, se han concedido ayudas que luego se han reclamado. Y la gente que vive instalada en la precaridad, cuando recibe dinero, se dedica a tapar agujeros. A devolver préstamos particulares de familiares, amigos, vecinos que tampoco nadan en la abundancia. Porque a ellos ningún banco les presta ni les financia nada.  Amigos y vecinos que prestan de buena fe, a veces incluso a sabiendas de que igual nunca recuperarán lo prestado. Los familiares no suelen prestar, o dan o no dan, pero no suelen reclamar ningún tipo de devolución, salvo que lo necesiten de verdad.

Ignoro cuánta gente se lanzó a pedirlo, encomendándose a dios o al diablo, tras comprobar las trabas que existían para acceder a los servicios sociales municipales: largas listas de espera, horarios de atención presencial reducidísimos, imposibilidad de concertar citas online por carecer de medios materiales e inmateriales, etc. Tampoco la tramitación con ayuda de un trabajador social, teóricamente cualificado, pero desde luego sin entrenamiento para esta nueva ayuda creada en medio de la pandemia, ha sido garantía de nada. 

El ahorro autonómico en rentas sociales ¿correlaciona con las denegaciones del IMV que se recurren? En este mismo artículo leemos que desde Europa se lleva tiempo criticando la ineficacia de la lucha contra la pobreza, en España.

Nota:

Durante un tiempo me resistí a suscribirme a infolibre, porque prefiero suscribirme a medios que difunden sus artículos en abierto. Pero al final sí me he suscrito. Así que, si no estás suscrita (o suscrito) avisame y te paso el artículo.

Postdata:

A D. le habían revisado el IMV tras suspender el pago con motivo de su reclamación, y pasó a cobrar poco más de 500 euros (con una hija menor y una discapacidad de más de 65% le correspondía más, según el simulador de la web oficial). En noviembre, de repente, le pagaron menos de 300 euros. Sin ninguna explicación. Y lo mismo en diciembre. Y con fecha 30 DE DICIEMBRE le llega una notificación de la Seguridad Social comunicándole una nueva resolución, comunicándole el nuevo importe que llevaba ya dos meses cobrando. Es decir, DOS MESES DE RETRASO EN LA COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. Y no era por problemas de correo, porque la fecha de salida era del 26 de diciembre.

¿por qué siguen votando mayoritariamente a un partido corrupto?

Estos días está declarando uno de los policías encargados de investigar la corrupción del PP, y lo que está contando es de escándalo.

Lo cierto es que lo que llevamos sabiendo sobre las malas prácticas del PP, desde hace años, es alucinante. Está más que demostrado que han falseado cuentas electorales: no declarando gastos electorales, recibiendo pagos en especie por parte de empresas que financiaban gastos electorales, aceptando dinero a título particular y también para el partido a cambio de contratos públicos, o de no fiscalizar correctamente la ejecución de los mismos, etc. 

Y sin embargo, los ciudadanos han seguido votándoles. ¿Son imbéciles? Alguno habrá, pero no creo que la proporción de imbéciles en España difiera mucho de la proporción de imbéciles en cualquier otro país. ¿Ignorantes? Esto ya es otra cosa. Porque la ignorancia se alimenta de la falta de información. En este caso, de la falta de información política relevante. 

Hace unas semanas algún analista comentaba que los políticos dependían demasiado de las encuestas y de la opinión pública. Que no se atrevían a adoptar medidas necesarias, por miedo a perder elecciones. Y me sorprendió mucho que el analista (o la analista, no recuerdo si era hombre o mujer, siento no haber tomado nota) no cuestionara los contenidos de la opinión pública, y el papel de los medios de comunicación masiva, lo que se llama en la jerga comunicativa los "main stream media".

El que un policía relate a un juez que parte de sus superiores y de la "cadena de mando" hasta llegar al mismísimo ministro de Interior intentaron detener su actividad mediante intentos de soborno, chantaje o amenazas,  para ocultar tejemanejes de dinero entre un partido político y empresarios y directivos de grandes empresas, es de escándalo. El que ese partido respondiera a un juez que no posee registros de los visitantes a su sede y meses después borrara y destruyera dichos registros, es de escándalo. 

Pero como ciudadana, más escandaloso me parece el estruendoso silencio mediático. Informan, sí, pero entre noticias de trascendencia muy diferente: el esclarecimiento de un crímen machista ocurrido hace dos años, y el anuncio de que para fin de mes ya no tendremos que llevar mascarilla en la calle. Y no, no me invento mi tesis. 

Las declaraciones de Morocho, en las que el juez se lamentó, literalmente, del "panorama desolador" que le estaba pintando, fueron el día 15 de junio. He buscado portadas de prensa del día 16, es decir, al día siguiente, y sólo El País le dedica sitio en la portada, pero tampoco la foto. Y la foto, curiosamente, coincide con la del ABC.

Si la prensa escrita no dedica ni las portadas a tal escándalo, ¿cómo queremos que se enteren los ciudadanos? No, los ciudadanos no leen apenas la prensa escrita, pero la prensa escrita suele ser un reflejo de lo que cuentan radio y tv, y de lo que circula por redes sociales. Y radio y tv tienen los mismos "dueños" que la prensa escrita, en su gran mayoría.

Servidora lleva suscrita a eldiario.es desde que salió. Creo que es el medio más odiado por la derecha. Con motivo. El mismo día de las declaraciones de Morocho, eldiario.es ya informaba sobre ellas. Ahora también estoy suscrita a algunos otros medios informativos en internet. Ninguno de ellos es de derechas, por supuesto. Para enterarme de qué dice la derecha, me basta poner la radio, la tele o escuchar las conversaciones del autobús.

Y quienes financian a los medios son, mayormente, las empresas, es decir, los anunciantes y patrocinadores. Incluidas, o especialmente, las que untan y engrasan la maquinaria política. Los mismos que dan empleo a los ciudadanos que consumen los productos audiovisuales y los productos y servicios que venden. En un pueblo es comprensible que la gente tenga miedo a votar a otros que no sean quienes les dan trabajo y patrocinan sus fiestas. Pero ¿en las ciudades?  En las ciudades no es el miedo, es la ignorancia. La gente les compra voluntariamente su (des)información, a cambio de entretenimiento, sensacionalismo y aturdimiento informativo.

 

los jóvenes y el botellón

Soy escuchante de la SER, y cuando no tengo mucha faena .... o estoy con faenas que requieren poco esfuerzo intelectual (domésticas, administrativas, etc.) me gusta tener la radio puesta. Esta mañana oía comentarios sobre el paro juvenil, que en España por lo visto ya alcanza el 41%. 

Luego escuché comentarios sobre Ayuso, que pretende emular medidas económicas adoptadas en Francia y Alemania (cuyo paro juvenil, por ejemplo, no tiene nada que ver con el español). 

Y ahora, hace un rato, en las noticias locales, el periodista comentaba el "inexplicable" afán de juerga que parecen tener los jóvenes en estos días.

Pienso que tan "inexplicable" no es. ¿Cuándo sienta la gente cabeza? Cuando tiene que madrugar para ir a trabajar de lunes a viernes, cuando por la mañana, en el trabajo, tiene que tener la mente y el cuerpo descansado para evitar accidentes o meter la pata hasta la cintura. Cuando de su trabajo depende una familia. O cuando tiene que llevar una casa con varias personas a su cargo, y además encargarse de criar a unos hijos.

la financiación ilegal del PP

De vez en cuando oigo a alguien del PP hablando de financiación ilegal, siempre de otros, como si el partido no hubiera sido ya condenado. Hablan de transparencia, pero ¿cuándo han pedido perdón por la financiación ilegal de las campañas electorales en la comunidad valenciana? Y más importante aún: ¿qué han ofrecido como resarcimiento a los ciudadanos de la comunidad valenciana por su conducta desleal? Porque el delito electoral es el sumum de conducta desleal frente a la ciudadanía, más aún que robar al erario público otorgando contratos públicos por precios abusivos a quienes les untaban, cargando encima el coste de la comisión también al coste para el erario público.

La radio y la tele que echo de menos

Soy una forofa de Angels Barceló desde que la conocí en tv3 llevando un programa junto con un el doctor Joan Corbella. Nunca he estudiado catalán o valenciano, porque mi escolaridad coincidió con los últimos años del franquismo, y además tuve la suerte de que mis padres y mi abuela alemana hicieran un gran esfuerzo porque fuéramos los cuatro hermanos al Colegio alemán. 

Luego la he seguido en radio o tv cuando he podido, por último en los programas de la noche en la SER, hasta ahora, en que está por las mañanas. Con ella descubrí a Antón Losada, otra persona a la que me gusta escuchar.

cinco años - treinta y nueve años

Hace un rato oía en la radio unas cifras que me parecen contundentes:

• en cinco años de "reinado" de Felipe VI, ha habido siete rondas de entrevistas previas a la investidura 
• en treinta y nueve años de "reinado" de Juan Carlos I hubo diez rondas de entrevistas previas a la investidura 

Yo diría que el motivo es obvio: En el segundo caso había 2 actores principales, y dos comodines; hoy por hoy hay cinco, hace tres años había cuatro, y uno de los comodines ya no es comodín, sino "la mona" (juego que en alemán es "der Schwarze Peter" y todo el mundo conoce).

¿Cuál es la alternativa? ¿Volver al bipartidismo? Creo que salvo los dos beneficiarios (en forma de reparto de cargos, tanto desde el gobierno como desde la oposición) nadie lo quiere, al menos no el ciudadano de a pie, harto de los años luz que le separan de las decisiones "de los de arriba".

La reforma cosmética tampoco sirve, porque ya hemos visto que no se puede gobernar "contra" el parlamento, puesto que la oposición siempre encuentra formas de torpedear la acción gubernamental, como vimos con el bloqueo sistemático de las propuestas del gobierno del PSOE por parte de una mesa del congreso presidida por Ana Pastor y con mayoría de derechas. Y los ciudadanos también hemos visto como el parlamento tumbaba ILP (iniciativas legislativas populares) con más de medio millón de firmas (lo que ya en sí mismo es una barbaridad y un escollo importante a la participación popular).

¿Qué es lo que están proponiendo los actores principales para salir de este embrollo? Pues, parece que nada o poco más que nada. Parece que para ellos esto no es un embrollo, sino simplemente una leve incomodidad pasajera. Porque sus sueldos de diputados o ministros en funciones los tienen asegurados. Quizá deberíamos rebajarles el sueldo al salario mínimo cuando estén en funciones. o en los períodos entre elecciones e investidura. Para que sufrieran en sus propias carnes lo que sufren millones de conciudadanos.

gobierno monocolor, sociedad plural

Queda poco tiempo ya para que los partidos decidan (todos, no sólo el PSOE y Podemos) que los ciudadanos debemos volver a votar, ya que no hemos votado lo que ellos quieren, cada uno de ellos lo suyo, claro.

No está escrito en ninguna parte que los partidos que no tienen suficientes votos para gobernar, solos o en coalición, pongan zancadillas en forma de NO a quienes sí pueden tener una mayoría, aunque sea precaria. Es decir, que si volvemos a tener que votar, IGUAL RESPONSABILIDAD TIENEN QUIENES VOTAN NO que quienes no consiguen alcanzar una mayoría suficiente.

Houston, tenemos un problema

En este caso Houston es España, concretamente nuestras leyes. El sistema de formación de gobierno estaba claramente diseñado, como vemos ahora, para un sistema bipartidista, que además venía a ser la reproducción de los frentes previos al franquismo. Y el reconocimiento del PC en su momento se revela como una hábil maniobra para dividir al frente opositor, las llamadas izquierdas (rojos, comunistas, en la jerga de la derecha española, metiendo a todos en un mismo saco).

El hecho es que vivimos en una sociedad de masas, e inevitablemente, en una sociedad plural. Pluralidad que se plasma en una pluralidad de partidos. Y los poderes fácticos se aprovechan. Llevamos años con gobiernos precarios, pero que aplican, quieran o no, políticas económicas a favor de los poderes fácticos, en contra de los intereses de la mayoría de la población y en favor de los de una minoría. Una minoría que se va ampliando lenta pero inexorablemente, y que, consciente de a quién debe su enriquecimiento, colabora más que activamente con los poderes fácticos de siempre.

La reforma legislativa que cambie la forma de constituir un gobierno es urgente, pero, de momento, no se le ve el plumero. Una de las consecuencias de décadas de incultura y deseducación política es la falta de conciencia política y espíritu crítico de la gran mayoría de los votantes. En realidad sucede como con la tele: no exigimos contenidos de calidad, sino que tragamos lo que nos echen. Y en política, no exigimos acciones y medidas concretas, sino que elegimos lo que tienen a bien ofrecernos. Y como la mala publicidad, nos ofrecen cosas para seducirnos, y acabamos recibiendo lo que les interesa. Es como las "uvas muy dulces" que compré el otro día, y que de dulces no tienen nada, pero pagué por ellas, y ahora me las como, porque tampoco es cuestión de tirarlas.

Houston, tenemos otro problema más

Y es que parece que nuestros políticos no quieran comprender que estamos en una sociedad plural, y que tienen que gobernar para todos, y que esto es una democracia, y que no es suficiente con gobernar, tienes que convencer, si quieres implantar políticas a largo plazo.

Suponiendo que los votantes del PSOE sean de izquierdas, que ya es mucho suponer, NO ES VERDAD que España sea mayoritariamente de izquierdas. Y por mucha mayoría que tenga, esa mayoría representa una fracción de la sociedad, no su totalidad. Cualquier política que quiera alterar el actual estado de cosas, necesariamente tendrá beneficiarios y perjudicados. Y lo que especialmente en Podemos parecen ignorar es que no puedes "pasar" de los perjudicados, especialmente si éstos son muy poderosos. En una legislatura no se pueden revertir la totalidad de políticas económicas de unas pocas o muchas legislaturas anteriores. Eso significa que el número potencial de perjudicados, aunque sea en sus expectativas, puede ser inmenso. Es decir, que si se descuidan, en caso de que lleguen a ponerse de acuerdo y formen gobierno, puede que ni agoten la legislatura, y pierdan las siguientes elecciones, aunque sea porque sus votantes se quedan en casa.

Cualquier partido de gobierno de izquierdas en España, en este momento, tiene que dedicar un ingente esfuerzo explicativo, para conseguir la complicidad (la paciencia y la comprensión) de sus votantes, e incluso de quienes no les han votado, pero acaban entendiendo la bondad o necesidad de sus acciones. Y digo partido, porque lo que no debe hacer es lo que ha hecho el PP siempre que estaba en el poder: aprovechar el poder institucional para hacer propaganda de partido, en suma, propaganda electoral permanente, en alegre connivencia con los grandes medios de comunicación, financiados por los poderes fácticos, mayormente vía publicidad y patrocinios. Y mientras los partidos sean empresas, formadas por accionistas militantes y gestores a sueldo, vamos mal. Los gestores miran en primer lugar por matener su puesto de trabajo, o incluso en acrecentar su poder, y los accionistas se dedican a acudir a las asambleas anuales, cobrar los dividendos y poco más. Mientras los partidos de masas no sean masas de militantes, en el mejor sentido de la palabra, será el dinero quien determine cuál es la empresa más fuerte: la que más invierta en publicidad (aunque sea robando, como ha venido haciendo el PP, al contribuyente, a las empresas, a las arcas públicas, etc.).

¿por encima de nuestras posibilidades?

Navegando por la red me encontré con una reflexión que en realidad es de lo más obvia: si alguien se endeuda por encima de sus posibilidades, alguien también está prestando por encima de sus posibilidades.

Y cualquier persona con tres dedos de frente lo sabe: uno no presta dinero que necesita o necesitará, y menos a amigos, porque siempre existe el riesgo de que el deudor no pueda devolverlo (o si es un caradura o un timador profesional, no quiera hacerlo). Prestarlo es cuestión de confianza. Recuerdo el préstamo más raro que he hecho en mi vida: a una vecina de rellano, que llevaba viviendo de alquiler medio año o poco más, y a la que saludaba y poco más. Y una noche llama a mi puerta y me pide prestados cincuenta euros. Me dijo que me los devolvería a las dos semanas, cuando cobrara. Alguna vez habíamos hablado, pero nunca estuve en su casa, ni ella en la mía. Algo me había contado de su pasado profesional en su país (no recuerdo si Bolivia o Colombia) en esas conversaciones de calle o de escalera. Cuando me pidió el dinero no quise preguntar para qué lo necesitaba, pensé que si quisiera decírmelo me lo habría dicho. También pensé que si recurría a mí era porque pensaba que yo podía ayudarla. Y se lo presté. Y a las dos semanas, puntualmente, me devolvió el dinero prestado. También he prestado dinero, y bastante más, a gente que no me lo ha devuelto. Alguno por cara dura, otro, me temo, por cuentista. Y he tenido que renunciar a vacaciones, o a comprarme una tele de plasma, o hacer algún viaje chulo. Pero, al fin y al cabo, eso son extras. Si fuera un banco o una empresa, serían beneficios extraordinarios, no mis recursos o los de mis clientes.

Otra de las cosas indignantes es cuando hablan de las deudas de las familias, y resulta que en las familias entra de todo: tanto las millonarias como las paupérrimas. De modo que el que las familias se endeuden o dejen de endeudar, en términos globales, no dice nada. Recupero aquí un artículo de J.C. Díez, de 2013, en el que afirmaba que "la mitad de las familias españolas tiene cero deuda". La deuda estaba, entonces, básicamente en manos de promotores. ¿Quién prestó a promotores? Los bancos. ¿Y por qué? Como diría Mota: por avaricia. Porque desde la crisis de los tulipanes, cualquier banquero debería saber que las burbujas revientan. Y que por muy de necesidad que sean las viviendas, al contrario que los tulipanes, una burbuja es una burbuja. Siempre hay un listo que piensa "tonto el último". Y, por desgracia, el último siempre es el contribuyente, y además, el contribuyente pobre. (Porque resulta que la dación en pago, que se niega a las familias pobres, se aceptó a los promotores).  Siempre lo fue, ahora el mecanismo es el IVA, y luego el IRPF. Porque lo más fácil y cómodo es subir el IVA. Para el millonario, el aumento del IVA de su comida, la electricidad, el agua y el transporte de su persona no significan gran cosa. Con un poco de suerte además, no las paga él, sino la empresa (como hemos visto en el caso Noos, y veríamos en otros muchos, si pudiéramos tener acceso a sus cuentas, también vimos en la Comunidad Valenciana como desde la caja fija de alguna que otra administración se pagaban las facturas del supermercado). Pero para un parado de larga duración al que se le ha acabado la prestación regular, que se ha comido los ahorros y la indemnización y que nunca podrá volver a ahorrar, el 21% de sus ingresos es muchísimo dinero. Dinero que se quita de una comida de calidad, incluso de gastos necesarios como son los del dentista, de ortopedia, de unas gafas decentes, etc.

Luego está el tema de la evasión fiscal y la economía sumergida. Es evidente que el parado de larga duración que aún puede trabajar y no tiene ayudas o no suficientes, no vive del aire, ni es un ladrón, porque si no, no podríamos salir a la calle. Pero, en realidad, vive en un estado de esclavitud,ya que se ve obligado a vivir en la ilegalidad de la economía sumergida, y no por gusto o afición, sino por necesidad. Con lo cual no tiene ningún tipo de derecho laboral, no puede reclamar ninguna tropelía de la que es víctima, ya que entonces pondría de manifiesto su situación ilegal. No está de moda, y la prensa no es que abunde en el tema, pero de vez en cuando nos enteramos. Reproduzco aquí un fragmento de un artículo sobre la evasión fiscal, de 2014.

casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal de nuestro país se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, mientras que las pequeñas empresas -1.379.961 sociedades que representan el 97 % del tejido empresarial español- tan solo son responsables del 17 % del fraude fiscal total. Por su parte el colectivo de autónomos, que agrupa a más de tres millones de trabajadores por cuenta propia, aportó únicamente un 8,6 % del fraude en nuestro país a lo largo de este último período.

¿Qué están proponiendo los políticos de los partidos mayoritarios frente a estos hechos y circunstancias? NADA. La primera medida que deberían proponer es reforzar la inspección fiscal de los grandes defraudadores, tapar los agujeros legales que permiten la elusión y la evasión fiscal, y acabar con la impunidad del gran fraude fiscal. Y por otro lado, buscar formas de atajar la economía sumergida, pero no persiguiendo a los pequeños defraudadores, sino dándoles los recursos para impedir que la economía sumergida sea la única alternativa de subsistencia.

tras las elecciones, en general

En lugar de golpearse el pecho con lo guay que es "nuestra democracia" muchos politicos y opinólogos podrían ponerse a pensar cómo mejorarla. La prescripción de los delitos cometidos o permitidos por políticos en el ejercicio del cargo, el permitir que los imputados se presenten a cargos públicos mientras están imputados, todo ello promueve la desafección de los ciudadanos a la hora de votar, y los convierte en fáciles víctimas o cómplices de populistas y delincuentes.

Por otro lado, los políticos, tanto los que ejercen cargos de gobierno como los que ejercen la oposición se deben a LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, ES DECIR, A TODOS LOS CIUDADANOS. Gobernar sólo para sus votantes es CLIENTELISMO de la más baja estofa, sea de izquierdas o de derechas. 

"Los ciudadanos han dicho" ... Los ciudadanos han votado diversas opciones, cada cual tiene sus motivos, y salvo que sean brujos y brujas y tengan una bola de cristal, los políticos NO PUEDEN CONOCER las motivaciones de los votantes, sólo intuirlas. Si son inteligentes igual aciertan, pero sólo quizá. Y, repito, su obligación es pensar en TODOS, no sólo en sus votantes. Evidentemente, cuantos más votos hayan recibido, más probable es que sus votantes compartan su visión de los problemas y las soluciones que proponen. Pero si bien votar puede ser un acto egoista, ejercer la política obliga a estar por encima de los intereses propios y de los de sus votantes. No hay nada menos democrático que las políticas del "rodillo" institucional, sean parlamentos nacionales, autonómicos o corporaciones locales.

Evidentemente las soluciones propuestas por los diversos partidos y grupos políticos son diferentes, pero quienes descuidan el bien común sólo merecen desprecio, estén en el gobierno o estén en la oposición.

La precariedad favorece la economía sumergida y la explotación, la desigualdad extrema favorece las "salidas imaginativas" al margen de la legalidad y abona el terreno para la captación de los excluidos por parte de la delincuencia organizada, tanto como víctimas como en tanto que cómplices y ejecutores.

la juventud de algunos diputados

Estoy oyendo en la radio comentarios acerca de la juventud de algunas diputadas (porque hoy las dos secretarias de la mesa de edad son mujeres) y pienso que ello es consecuencia de la poca oportunidad de participación política de la ciudadanía. Prácticamente no hay espacios para la participación política institucional en las grandes ciudades, si no eres miembro de un partido. Y como en los partidos tradicionales los primeros puestos suelen ir ligados a la antigüedad, entre otros factores, es más frecuente ver a los diputados jóvenes en los nuevos partidos.

Pienso que si hubiera más espacios de participación política efectiva, habría más ciudadanos participando activamente y nos encontraríamos menos políticos profesionales mediocres en las instituciones.

Me comentaba mi madre que en los grandes partidos alemanes no entras en las listas si no puedes pagar al menos 10.000 euros. No entendí si se refería a pagarlos, o a gastarlos. Porque para darse a conocer entre los miembros de un partido necesitas también invertir tiempo y publicidad.

La precariedad y las jornadas laborales absurdas son uno de los grandes obstáculos a la participación ciudadana en la política. Especialmente para los ciudadanos con menor renta y titulación. Cierto que se puede tener una cierta preparación al margen del mundo académico, de hecho los partidos y los sindicatos suelen dedicar recursos a la formación. Pero también es cierto que no son recursos a disposición de la gran mayoría de ciudadanos, sino más bien a disposición de quienes más cerca están de ellos: familiares y empleados.

Los colegios e institutos, que son el primer agente educativo, no dedican apenas ninguna atención o recurso a la educación política. Los delegados de clase, cuando los hay, suelen cumplir alguna función burocrática, pero no tienen realmente, por regla general, ningún poder de interlocución o representación. Las preferencias de los alumnos no tienen ninguna relevancia: ni en cuanto al curriculum, ni en cuanto a asuntos extracurriculares: excursiones, calidad de la comida, descansos, utilización de las infraestructuras del centro fuera del horario escolar, etc. De modo que cumplen la mayoría de edad sin haber tenido ninguna experiencia en cuanto a delegar poder de representación y pedir rendición de cuentas.

Tampoco suelen recibir ningún tipo de educación sobre las instituciones de la vida civil: ayuntamientos, juntas de distrito en las grandes ciudades, parlamentos autonómicos, parlamentos nacionales, otras instituciones como la justicia o los distintos niveles de la administración. Ni sobre aspectos fundamentales en la vida adulta como son los ámbitos laboral, fiscal, comunitario, interpersonal, educación de los hijos, etc.

¿De dónde están saliendo los nuevos diputados y diputadas? Pues del más puro activismo puro y duro, de la PAH, del 15M, de partidos radicales de diversos pelajes .... y pocos espacios se les ofrecen fuera de las grandes instituciones. Pienso, y es una hipótesis, que si hubiera más espacios de participación política efectiva en niveles de menor peso, los ciudadanos podrían tener una cierta carrera política compatible con una vida laboral y una vida familiar, y que los más aptos y mejores podrían dar el salto a niveles de más peso llegando con una mayor experiencia y mejores conocimientos de la realidad ciudadana.

Y por otro lado, como sociedad civil, dependeríamos menos de los aparatos de los partidos, porque tendríamos ciudadanos mejor preparados para una representación directa en los niveles de decisión más cercanos. Creo que estamos viendo a mucha gente joven y menos joven apostando por soluciones al margen de los partidos tradicionales, viendo lo lastrados que están por prácticas poco edificantes (dependencia de bancos, vinculación con los grandes poderes económicos, sumisión a las fórmulas ofrecidas por los lobbies con mayor poder económico, etc.). Y que eso explica la irrupción de los nuevos partidos. Al menos por el lado de la izquierda.

huelga de taxis en Madrid, II

Y sigue la huelga en Madrid. Imagino que el señor Sanz (que en su momento al parecer solicitó, y no consiguió, nada menos que 5.000 licencias de VTC) tiene medios suficientes para aguantar la huelga alguna semana o semanas más, pero dudo mucho que muchos taxistas autónomos de a pie, de los que tienen una licencia a su nombre y nada más, amén de una hipoteca por el préstamo para pagar la licencia, o los quue ni siquiera tienen una licencia a su nombre, pero pagan en negro un "alquiler" al flotero y/o al taxista que sí la tiene, tengan fuelle para aguantar. Preveo que en algún momento la huelga acabará en falso, cuando estos autónomos de a pie se rebelen, viendo que no se va a conseguir nada.

Porque parte de lo que piden, y por lo que más pelean en los medios, es imposible. Si la tecnología permite ahorrar viajes, no puedes pretender que vuelvan vacíos a la base antes de volver a salir, es antieconómico y antiecológico. Y este último argumento es decisivo en una gran ciudad, que sufre los efectos de la contaminación causada por el tráfico rodado. Y lo mismo pasa con los tiempos de contratación. No los puedes limitar físicamente. Sí los puedes regular: puedes imponer una tarifa mínima "disuasoria", por ejemplo. Nos vendieron Uber como una plataforma colaborativa, y ha acabado convirtiéndose en una plataforma para determinados empresarios con pocos escrúpulos, que han aprovechado muchas carencias regulatorias, y eso no tiene justificación de cara al usuario y al ciudadano, taxista o no.

Por otra parte, invocar la ley cuando estás aprovechándote de la falta de regulación (en la transmisión de las licencias, que no está sujeta al impuesto de transmisiones, y por tanto no se declara, por ejemplo), o de la falta de control (en el "alquiler de licencias" a floteros, cuando es ilegal), o de una circunstancia histórica anómala (como las licencias vitalicias, cuando lo lógico sería que tuvieran una duración de varios años, renovable hasta la jubilación, el fallecimiento o el cambio de actividad del titular de la licencia) y todo ello es conocido del público, es cuanto menos chocante.

Tengo una propuesta:

I. Tómese un "jurado" compuesto por un catedrático de derecho administrativo, un abogado laboralista, un economista experto en nuevas tecnologías, un ingeniero experto en temas de tráfico urbano, un representante autorizado de una organización de consumidores, un inspector de Hacienda, un funcionario-técnico municipal madrileño que lleve el tema del tráfico urbano y otro barcelonés. Proporcióneseles una relación nominativa de todas las licencias de taxi y de VTC en vigor, tanto en Madrid como en Barcelona, así como de los conductores asignados a cada licencia de taxi y de los conductores de VTC habilitados en Madrid y en Barcelona. Y para moderar, un juez de primera instancia jubilado y que no tenga ninguna relación, familiar, económica o financiera (es decir, no sea accionista o partícipe de una empresa relacionada con este sector) con el mundo del taxi o los VTC, salvo como usuario de estos servicios.
II. Y enciérreselos en una sala de reuniones de un hotel y que no salgan de allí hasta que no nos presenten lo siguiente:
- una proposición de ley en materia de vehículos de transporte urbano de personas, todo lo extensa que sea necesario, pero lo más breve posible
- uno o varios modelos de organización de los vehículos de transporte urbano de personas que tenga en cuenta la realidad actual del taxi y las VTC y las correspondientes ordenanzas, con las disposiciones transitorias suficientes para atender las justas reivindicaciones de todas las partes: los taxistas, los conductores de VTC y los ciudadanos. Entendiendo que los empresarios no pueden exigir la defensa de sus intereses, porque se trata de un servicio público. Si no son capaces de armonizar sus legítimos intereses empresariales con la realidad de un servicio público, que busquen otro sector.

el cambio horario y la memoria histórica

Yo participé en la encuesta sobre el cambio horario, de la que me enteré gracias a la radio. Parece que en Centroeuropa quieren conservar el horario de verano. Con ello llevarían una hora de adelanto sobre la hora solar. Si nosotros la conserváramos, seguiríamos llevando dos horas de adelanto sobre la hora solar. Igual es el momento de recuperar la adscripción al huso horario que nos corresponde, alineándonos con Portugal (y con Gran Bretaña e Irlanda, en caso de que también ellos abolieran el cambio de hora), aunque sea igualmente con el horario de verano.

En todo caso, lo que es improbable es que la UE decida abolir el cambio horario y deje a cada estado decidir si se queda con el de verano o con el de invierno. Parece que hay bastante consenso en cuanto que es preferible el horario de verano. Como comentan en un diario irlandés, Irish Mirror, parece que los accidentes en carretera suelen ser más frecuentes a partir de la tarde que por la mañana. Es lógico, por la mañana la gente acaba de levantarse, está más despejada y suele ir al trabajo. Mientras que por la tarde, está más cansada, cuando viene del trabajo, y también más "alegre" cuando vuelve de actividades de ocio, con frecuencia y también desgraciadamente, con alguna copa de más.

Es curioso que ni en el colegio, ni en cuarenta años de transición no me haya enterado hasta hace poco que fue Franco quien alineó la hora española con la hora de Alemania, la Alemania de su buen aliado Adolf Hitler. Aunque según ABC, no fue así.

Parece que ahora ha llegado el momento de que en España se reconozca a nivel oficial y social la realidad del franquismo y de la guerra civil, y éste es un pequeño detalle de esa realidad. Ayer mismo leí un artículo (Franco: datos frente a la demagogia) recopilando datos sobre el franquismo y la guerra civil que muchos conciudadanos, y en especial los votantes de derechas más y menos jóvenes (gracias a la activa labor de contrainformación de los mass media españoles, que sólo puntualmente dan a conocer aspectos puntuales, cuando ya no queda más remedio dada la repercusión de la noticia en ese momento, pero sin más seguimiento ni aclaración de contexto y antecedentes) suelen desconocer y negar cuando lo oyen o leen.

No soy historiadora ni me he interesado grandemente por la historia de la guerra civil y del franquismo, conozco mucho mejor la del Tercer Reich, gracias también a las clases de historia (en alemán) y de lengua alemana en el Colegio Alemán, en donde el tema se trataba con naturalidad y sin un ápice de apologismo. Franco murió cuando yo cursaba 6º de bachiller, y es normal que en los textos españoles de historia no se tratara el tema, y he de agradecer a mi colegio que no nos bombardearan con apología del régimen durante mi época escolar. Pero luego, durante la carrera de Ciencias de la Educación, no hubo ni una sola asignatura que tratara de temas relacionados con la democracia y los valores democráticos. Sí se hablaba de valores, no mucho, pero democráticos ni una sola vez, ni de pluralismo, ni de nada. Lo cual, retrospectivamente, me parece ahora aún más grave de lo que me parecía entonces.

Pero cuando veo la programación de la tv pública alemana y la tv pública española, la diferencia en cuanto al tratamiento del pasado fascista es abismal. Destacan especialmente los reportajes en la segunda cadena alemana, ZDF y la de Phoenix, un canal público dedicado a temas de política, actualidad y documentación, vinculado al ARD, ZDF y WDR, cuyas cuotas de audiencia suben siempre que hay temas de actualidad candentes (crisis financiera, reforma de la seguridad social, nueva estación de Stuttgart, etc.).