la financiación ilegal del PP

De vez en cuando oigo a alguien del PP hablando de financiación ilegal, siempre de otros, como si el partido no hubiera sido ya condenado. Hablan de transparencia, pero ¿cuándo han pedido perdón por la financiación ilegal de las campañas electorales en la comunidad valenciana? Y más importante aún: ¿qué han ofrecido como resarcimiento a los ciudadanos de la comunidad valenciana por su conducta desleal? Porque el delito electoral es el sumum de conducta desleal frente a la ciudadanía, más aún que robar al erario público otorgando contratos públicos por precios abusivos a quienes les untaban, cargando encima el coste de la comisión también al coste para el erario público.

huelga de taxis en Madrid, II

Y sigue la huelga en Madrid. Imagino que el señor Sanz (que en su momento al parecer solicitó, y no consiguió, nada menos que 5.000 licencias de VTC) tiene medios suficientes para aguantar la huelga alguna semana o semanas más, pero dudo mucho que muchos taxistas autónomos de a pie, de los que tienen una licencia a su nombre y nada más, amén de una hipoteca por el préstamo para pagar la licencia, o los quue ni siquiera tienen una licencia a su nombre, pero pagan en negro un "alquiler" al flotero y/o al taxista que sí la tiene, tengan fuelle para aguantar. Preveo que en algún momento la huelga acabará en falso, cuando estos autónomos de a pie se rebelen, viendo que no se va a conseguir nada.

Porque parte de lo que piden, y por lo que más pelean en los medios, es imposible. Si la tecnología permite ahorrar viajes, no puedes pretender que vuelvan vacíos a la base antes de volver a salir, es antieconómico y antiecológico. Y este último argumento es decisivo en una gran ciudad, que sufre los efectos de la contaminación causada por el tráfico rodado. Y lo mismo pasa con los tiempos de contratación. No los puedes limitar físicamente. Sí los puedes regular: puedes imponer una tarifa mínima "disuasoria", por ejemplo. Nos vendieron Uber como una plataforma colaborativa, y ha acabado convirtiéndose en una plataforma para determinados empresarios con pocos escrúpulos, que han aprovechado muchas carencias regulatorias, y eso no tiene justificación de cara al usuario y al ciudadano, taxista o no.

Por otra parte, invocar la ley cuando estás aprovechándote de la falta de regulación (en la transmisión de las licencias, que no está sujeta al impuesto de transmisiones, y por tanto no se declara, por ejemplo), o de la falta de control (en el "alquiler de licencias" a floteros, cuando es ilegal), o de una circunstancia histórica anómala (como las licencias vitalicias, cuando lo lógico sería que tuvieran una duración de varios años, renovable hasta la jubilación, el fallecimiento o el cambio de actividad del titular de la licencia) y todo ello es conocido del público, es cuanto menos chocante.

Tengo una propuesta:

I. Tómese un "jurado" compuesto por un catedrático de derecho administrativo, un abogado laboralista, un economista experto en nuevas tecnologías, un ingeniero experto en temas de tráfico urbano, un representante autorizado de una organización de consumidores, un inspector de Hacienda, un funcionario-técnico municipal madrileño que lleve el tema del tráfico urbano y otro barcelonés. Proporcióneseles una relación nominativa de todas las licencias de taxi y de VTC en vigor, tanto en Madrid como en Barcelona, así como de los conductores asignados a cada licencia de taxi y de los conductores de VTC habilitados en Madrid y en Barcelona. Y para moderar, un juez de primera instancia jubilado y que no tenga ninguna relación, familiar, económica o financiera (es decir, no sea accionista o partícipe de una empresa relacionada con este sector) con el mundo del taxi o los VTC, salvo como usuario de estos servicios.
II. Y enciérreselos en una sala de reuniones de un hotel y que no salgan de allí hasta que no nos presenten lo siguiente:
- una proposición de ley en materia de vehículos de transporte urbano de personas, todo lo extensa que sea necesario, pero lo más breve posible
- uno o varios modelos de organización de los vehículos de transporte urbano de personas que tenga en cuenta la realidad actual del taxi y las VTC y las correspondientes ordenanzas, con las disposiciones transitorias suficientes para atender las justas reivindicaciones de todas las partes: los taxistas, los conductores de VTC y los ciudadanos. Entendiendo que los empresarios no pueden exigir la defensa de sus intereses, porque se trata de un servicio público. Si no son capaces de armonizar sus legítimos intereses empresariales con la realidad de un servicio público, que busquen otro sector.

huelga de taxis en Madrid

El pasado fin de semana estuve nuevamente en Madrid, y me quedé dos días más, aprovechando que el martes era festivo en Valencia. Teníamos entradas para ver una exposición en el centro, y al final no fuimos, por la huelga de taxis. Para las personas con problemas de movilidad o de equilibrio el taxi casi es imprescindible, porque cualquier frenazo del autobús o del metro puede suponer una caída, y llegada cierta edad, las caídas suelen tener consecuencias de larga duración.

Hace unos días, de vuelta en Valencia, me tocó coger un taxi. Suelo usar el autobús o el metro, pero en alguna ocasión cojo el taxi cuando ando con prisas y no es hora punta. Esta vez el taxista era un autónomo y titular de la licencia del taxi, y estuvimos charlando sobre el tema de la huelga en Madrid y la vida del taxista en general. Mi interlocutor me contó un tema que desconocía totalmente: el de los "floteros". Me comentaba que el tema es conocido, tanto por Hacienda, por su relevancia fiscal en cuanto a economía sumergida (los 500 euros mensuales que se embolsa más de un taxista jubilado y las ganancias astronómicas del arrendatario de la licencia, que suele contratar por cuatro o cinco horas a "un paquistaní" y luego lo tiene circulando doce o trece horas, embolsándose cada día pingües beneficios por cada uno de los vehículos de su flota, vehículos que no son de su propiedad por lo general), como por la Seguridad Social. Al escucharlo entendí, por fin, la razón del estado cochambroso de algún taxi conducido por un asalariado extranjero (no recuerdo si paquistaní, podía haber sido marroquí o sirio).

En las noticias los medios no se molestan en responder a las preguntas que nos hacemos los usuarios y es ¿quiénes están negociando con la administración?  ¿Qué intereses defienden realmente? Y cuando leo en la hemeroteca que el actual presidente de una asociación del taxi madrileña, y también de una federación nacional, hace unos años intentó adquirir 5000 licencias VTC, me pregunto con más interés todavía qué intereses defiende. La transición me pilló en la universidad, y mi experiencia de las asambleas masivas en las que se toman decisiones sobre huelgas, etc. es la de haber sido testigo directo de cómo manipular a las masas: lecciones prácticas de demagogia. Entiendo que hay mucha rabia por parte de diversos colectivos. Y cuando he leído ahora quiénes están detrás de muchas flotas de Cabify o Uber, y los dineros que mueven, se entiende. Parece que es la filosofía del flotero, pero con contratos y por lo legal, escapando a la legislación del taxi.

No sé si los detalles que me comentaba el taxista eran exactos, aunque recuerdo uno de mis primeros y escasos juicios laborales, en los que un empresario de origen extranjero contrataba a marroquíes por cuatro horas en su fábrica y los tenía más de ocho horas trabajando, de forma sistemática. El negocio lo tenía a nombre de su cónyuge, extranjera comunitaria, que apenas dominaba el castellano y podía saber o no saber cómo llevaba su marido el negocio. Y de eso hace más de veinte años. Luego una amiga del barrio, años más tarde, me comentó parecidas prácticas en su trabajo. En este caso todos eran valencianos: la empresa y mi amiga. La que no era valenciana era la sucesora en el puesto de mi amiga: una colombiana a la que pagaba bastante menos que a mi amiga, por su mismo trabajo. A mi amiga le redujo la jornada laboral a diez horas semanales, distribuidas a lo largo de cinco días, pese a que el lugar de trabajo estaba en el pueblo de al lado y el camino le llevaba más de media hora.

Tras mi conversación con el taxista autónomo valenciano miré en Internet y ví que el tema de los floteros es general. Pero el único sitio en donde la administración y la justicia intervino fue hace unos cinco años, en Canarias. Parece que allí fue especialmente escandaloso. El flotero, básicamente, es una persona que interviene como "administrador" entre el titular de la licencia, jubilado o no, y el conductor, al que por lo visto en ocasiones contrata directamente y en ocasiones negocia una especie de contrato de servicios por el que le cobra una cantidad diaria. Esto lo hace a escala industrial, es decir, no se trata de una sola intermediación, sino de la intermediación a pequeña, mediana o incluso gran escala. En Canarias seguramente fue a gran escala, en otras ciudades seguramente serán varios a diversa escala.

Y finalmente miré cual es el régimen legal en Valencia, mi ciudad. El reglamento está colgado en la web del ayuntamiento. A medida que iba leyendo empezaba a alucinar, porque muchas de las cosas que me había comentado el taxista autónomo, y que por mi propia experiencia como usuaria sé que son verdad o se le parecen mucho, son claramente "ilegales". Está taxativamente prohibido contratar "por horas", los conductores deben ser contratados en régimen de dedicación exclusiva, lo cual es incompatible con un contrato por horas. Luego ví el régimen sancionador, y resultó que aún estaba en pesetas. Así que ya me fui al final, a ver la fecha, y ¡es de 1984! Es decir, hemos tenido a una alcaldesa super-hiper-populista del PP entre 1991 y 2015, y en todo ese tiempo, ¡ni siquiera se actualizó el Reglamento para adaptarlo a la nueva moneda! No digamos ya el adaptarlo a las nuevas circunstancias: Internet, telefonía móvil, aplicaciones móviles, etc.

Recuerdo que para las sociedades mercantiles hubo un período transitorio en el que TODAS debían adaptar sus estatutos a la nueva moneda. Es decir, TODAS pasaron por el Registro Mercantil para adaptar su capital social, etc. a la nueva moneda. Parece que para los municipios y para la propia administración no regía el mismo principio.

En todo caso, el actual reglamento del taxi de Valencia no se cumple, y me pregunto por qué. Si tenemos una policía local, no digo ya los políticos novatos, como los del actual ayuntamiento, pero la policía local es una policia profesional, y su obligación es la de hacer cumplir la legislación municipal, y no sólo mantener la seguridad física de los ciudadanos. No se trata sólo de detener a atracadores y maleantes, o de perseguir a los manteros que intentan ganarse la vida en un medio hostil con medios irregulares, al final la economía sumergida, especialmente la de altos vuelos como es la practicada por los floteros, es una agresión directa a la ciudadanía. Por una parte están los explotados con mayor o menor dureza, y por otra parte están los ingresos que no tributan y que muchas veces se reinvierten en nuevas formas de explotación.