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jueves, 19 de octubre de 2017

¿ciudadanos o rehenes?

En una sociedad anónima, una sociedad mercantil, cuando un porcentaje determinado de accionistas está descontento con el consejo de administración (órgano rector), puede pedir la convocatoria de una asamblea para exponer sus quejas y proponer medidas, incluido el cese del órgano de administración y el nombramiento de uno nuevo. Y si el presidente del consejo no atiende la petición de convocatoria dentro de un plazo razonable, puede ir a un juez y pedirla. Y la asamblea se celebrará. Servidora fue testigo de una asamblea en un juzgado de Bilbao, ya hace mucho tiempo.

En un estado, los ciudadanos no tenemos tantas opciones. Cosa que les ha pasado a un gran número de catalanes. No son todos los catalanes, pero sí son casi dos millones de electores españoles. Su número ha ido creciendo en proporción inversa al caso que les han hecho desde el gobierno de España. Y dos millones de españoles no son moco de pavo. Son un 5% del electorado español, y un 36% del electorado catalán.

En una sociedad anónima, si los accionistas no consiguen convencer al resto de la asamblea de la bondad de sus pretensiones, siempre les queda la opción de vender sus opciones y abandonarla. Pero ¿qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Irse? No es tan fácil. Y especialmente, un 36% descontento no puede obligar al 67% que no comparte su descontento, o no el grado de exasperación al que han llegado, a irse con ellos.

En un estado democrático la ciudadanía está obligada a entenderse. En este caso tanto la ciudadanía catalana entre sí como la ciudadanía española en su totalidad, catalana o no. Ponerse a hablar mal de Cataluña como hacen algunos, como si ese 36% exasperado fuera la totalidad de los catalanes, es una estupidez. Son ellos los que están obligando a las empresas a irse, más incluso que los que quieren declarar la independencia.

Ni el gobierno de Madrid tiene la autoridad suficiente ni los exasperados catalanes la fuerza suficiente para imponer nada. Los exasperados intentan provocar al gobierno de Madrid intentando aumentar el número de exasperados. Y el gobierno de Madrid intenta amordazar a los exasperados con la fuerza de las instituciones. La violencia institucional, es decir, el ejército y la policía son un tabú, y su violación provocará el aislamiento institucional a nivel europeo, como ya se ha visto el 1 de octubre. Y por muy secuestrado que el gobierno tenga a parte de la cúpula del poder judicial, numéricamente no pueden contra dos millones de electores, que son un número mayor aún de ciudadanos, porque también niños y adolescentes lo están.

De hecho, también fuera de Cataluña hay un número importante de exasperados. Son los votantes de Podemos. Los descontentos votan diverso: nacionalistas, izquierdas diversas, etc. Incluso extrema derecha.

Por mucho que desde el poder mediático se nos canten las loas de la Transición, seguimos teniendo una democracia sumamente imperfecta. Porque el actual régimen ha sido incapaz de romper con el anterior hasta sus últimas consecuencias. Se siguen tolerando cultos a iconos del régimen franquista, a los que añoran aquel régimen se les toleran conductas que no se toleran a los del "bando derrotado o vencido" por el dictador. Poco a poco se va consiguiendo romper la  coraza de impunidad de la extrema derecha, pero a costa de mucha energía, mucho esfuerzo y mucho sacrificio.

Por mucho que desde el poder mediático se nos hable del estado de bienestar, el actual regimen dista muchísimo de serlo. El número de personas abandonadas a su suerte y a la compasión y solidaridad individual es legión. A las autoridades ni se les ocurre provisionar ayudas sociales cuando caducan o se agotan los derechos adquiridos (paro, indemnizaciones), pese a contar con toda la información para hacerlo. En la comunidad valenciana pepera el derecho a la renta garantizada de ciudadanía se acababa en cuanto se acababa la partida presupuestaria, que en los años de crisis venía a ser por el mes de abril. Pese a saber que el paro aumentaba, el derecho a la prestación contributiva se iba agotando, y no había trabajo. Pero las partidas seguían siendo insuficientes, y no es que se acabaran en noviembre, es que hubo años que se acababan ya en febrero.

Las ayudas a la infancia y a la dependencia son, mayormente, de chiste, si no fuera para echarse a llorar. En la comunidad valenciana, una familia en paro y con niños recibe 24,75 euros al mes por niño, desde hace muchos años.

Las ayudas a la vivienda son inexistentes, y con una pensión de viudedad una mujer que no tenga vivienda en propiedad casi está condenada a la caridad / o a la calle. Muchas mujeres mayores han trabajado toda la vida, pero apenas han cotizado. Porque durante muchísimo tiempo los trabajos hechos por mujeres no se consideraban merecedores más que de un jornal miserable, en los años sesenta y setenta, y antes. El trabajo del ama de casa, de la madre que cría y educa a sus hijos, sigue sin tener ninguna consideración a efectos de cotización.

¿Es raro que la gente esté exasperada? Es terreno abonado para demagogos, de todos los colores. Y para los nacionalismos, en cuanto aparece uno de los elementos más aglutinantes del nacionalismo, como es la lengua. Más cuando durante décadas el uso de la lengua estuvo prohibido y perseguido.

miércoles, 18 de octubre de 2017

explotación laboral en Alemania

ZDF-Zoom ha sacado un reportaje, que se puede ver también en YouTube. Una nueva modalidad laboral está imponiéndose en determinados sectores, como el de la confección. Lo llaman KAPOVAZ. Algunas empresas lo llaman "flexitrabajo".



He traducido la reseña publicada en la página de ZDF.
Para las empresas supone muchas ventajas: pueden aumentar su flexibilidad, minimizar tiempos muertos y reducir costes de trabajo. Para los empleados el modelo entraña una gran inseguridad. El Zoom de ZDF examina la pregunta: ¿cuán justo es nuestro mercado laboral?
Un nuevo modelo, el “trabajo a demanda”, o “ KAPOVAZ”, acrónimo de jornada de trabajo variable en función de las capacidades. Es una forma de contrato poco conocida: los empleados tienen un contrato a tiempo parcial, es decir, son empleados de la empresa. Pero sólo se les garantiza un mínimo de horas de trabajo. El resto del tiempo de trabajo es “a demanda”. Y los tiempos muertos entre esos tiempos no se cobran.

Según los cálculos del Instituto alemán de Investigación Empresarial [Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW] son 1,5 millones de personas las que tienen este tipo de trabajo en Alemania. “Puede decirse que vamos hacia el modelo del jornalero”, declara Karl Brenke, investigador del mercado laboral del DIW en la entrevista.

Julia Friedrichs, del equipo del Zoom del ZDF entrevista a muchas personas, que sufren este tipo de contratos y tienen la sensación de ser explotados. Una joven dependienta de una boutique de moda explica: “Hay meses en que trabajo 40 horas, otros 90, 100 o incluso 150. A veces gano 400 euros, alguna vez 1100.” Le gustaría casarse, fundar una familia, pero también dice que “con un contrato así no puedes crear un proyecto de vida. Y tampoco tiene mucho sentido cambiar de empresa, porque es lo que más abunda en el sector.”

El Zoom de ZDF nos muestra: existes muchos casos y contratos de este tipo. La documentación muestra hasta qué punto los patronos aprovechan sus ventajas para, por ejempo, ahorrar costes salariales.
Y sin embargo, otras soluciones son posibles, como puede verse en Austria. Allí los tribunales y el legislador han parado los pies a las prácticas de “trabajo a demanda”. Allí los empleados saben exactamente cuánto trabajan y cuánto ganan.

Fuente: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-ausgebeutet---arbeit-nur-auf-abruf-100.html

martes, 17 de octubre de 2017

el neoliberalismo procapitalista y la estructura demográfica

Estoy oyendo en la radio a alguien comentando que "hemos abandonado el campo" y hemos "huido a las ciudades".

Y se me ocurren mil y una razones:
  • la telefonía: en las ciudades tenemos cobertura prácticamente universal, en el campo no.  Hay muchos sitios en donde es el usuario el que tiene que pagar gran parte de la infraestructura si quiere tener acceso. Y ese es un problema legal: Si las leyes obligaran a las operadoras a prestar servicio a TODO el mundo en igualdad de condiciones, igual los urbanitas tendríamos que pagar más, pero habría un aliciente menos para abandonar el campo.
  • Internet: tres cuartos de lo mismo. En la ciudad tenemos cobertura de calidad, salte de la ciudad, e Internet móvil va a pedales, si es que llega.
  • servicio postal: cada vez hay menos carteros, etc.
  • los bancos y cajas. Si el actual sistema obliga prácticamente a tener cuenta bancaria, incluso para cobrar un subsidio miserable te obligan a abrir una cuenta en el momento de pedirlo, aunque luego tardes un año y medio en cobrarlo, no es de recibo permitir al sistema bancario abandonar los pueblos. Y no es imposible: clasifica los pueblos por habitantes, y a continuación asigna cupos, según resultados anuales brutos.  Y sin no da para tener oficina abierta todos los días, pues que abran varios días, y que en los días en que no abran, en el pueblo vecino sí estén abiertos. 
  • la sanidad: lo mismo, debería haber servicios de salud garantizados dentro de un radio de 2 km, o un servicio de autobús diario, con horario adaptado al centro de salud y a los horarios de atención.
  • oferta cultural: no hace falta tener teatro, sala de conciertos, etc. en cada pueblo, si hay una televisión de calidad que ofrezca las producciones que se ven en teatros y salas de las grandes ciudades.
  • actividades de ocio para los jóvenes
  • precios justos para los productos del campo. Si los productores de leche se plantan con precios mínimos, los castigan, pero si las lecheras imponen precios por debajo de costes, o los condenan a la pobreza, lo llaman libre competencia.
  • etc., etc.
La libertad de los urbanitas no debe basarse en la esclavitud de la población rural, pero de facto es lo que está sucediendo.