POR LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN DELITOS FISCALES Y DE CORRUPCIÓN CUANDO EXISTA ENCUBRIMIENTO INSTITUCIONAL
Una democracia socavada desde dentro
En un estado autodenominado de derecho en el que casi la totalidad de los ricos y poderosos se pasen por el forro el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante artificios contables y jurídicos no se puede esperar del ciudadano común ningún respeto por la ley o por las instituciones del país. En el nuestro, mientras el ciudadano de a pie soporta una fiscalidad rigurosa y sin margen de error, las grandes fortunas, corporaciones y redes de poder se encuentran cómodamente "a salvo" del sistema, en las numerosas grietas del mismo.
Con los recientes escándalos de corrupción fiscal, como es el caso del exministro Cristóbal Montoro, vemos con claridad cómo algunos y algunas han gozado de privilegios fiscales indebidamente adquiridos gracias a la mediación de despachos privados estrechamente vinculados al poder político. Lo peor es que a pesar de la magnitud del fraude, una vez descubierto, el Estado carece de herramientas eficaces para recuperar lo robado.
La prescripción un elemento clavo para la impunidad
La legislación actual en materia penal y tributaria establece que el plazo de prescripción de un delito comienza a contar desde el momento en que se comete el hecho. Este principio, que podría tener sentido en un sistema transparente y simétrico, se convierte en un instrumento de total y absoluta impunidad cuando el delito es deliberadamente ocultado por quienes ostentan el poder o cuando desde el propio aparato del Estado hay quien colabora en su encubrimiento.
Así, mientras en el mundo del comercio el plazo para reclamar por una mercancía defectuosa comienza cuando se descubre el fallo, en el mundo de las finanzas públicas el plazo para juzgar un fraude comienza incluso antes de que pueda saberse que ha ocurrido. Esto no solo es incoherente: es social y democráticamente inaceptable.
El encubrimiento institucional como agravante y causa de suspensión
Cuando existe participación, encubrimiento o negligencia intencionada por parte de alguna o algunas autoridades públicas en un delito fiscal o de corrupción, el sistema jurídico debería reaccionar con la mayor de las firmezas. La complicidad institucional no puede ser premiada con la prescripción, sino que debe ser considerada una causa de suspensión del plazo para investigar, juzgar y sancionar.
El Derecho comparado ofrece ejemplos claros: en países como Italia, Brasil o Chile, se han aprobado normas que permiten suspender o ampliar los plazos de prescripción cuando el delito se ha visto encubierto o cuando afecta directamente a la integridad institucional.
Propuesta de reforma legal
Los ciudadanos y ciudadanas deberíamos pedir al Congreso, en pleno, la introducción de una cláusula clara u operativa en el Código Penal y en la Ley General Tributaria del siguiente tenor:
"En los delitos económicos, fiscales o de corrupción en los que medie encubrimiento doloso, fraude procesal o participación de autoridades públicas que impidan su detección, el plazo de prescripción quedará suspendido hasta el momento en que cese dicha situación de ocultación o el hecho delictivo sea conocido por la administración competente o la justicia."
Porque esta medida
- Reforzaría el principio de igualdad ante la ley.
- Protegería los intereses públicos frente a las redes de corrupción institucionalizada.
- Disuadiría el uso del poder público para favorecer la impunidad.
- Reestablecería la simetría entre lo que se exige al ciudadano común y a quienes gestionan lo público.
Llamamiento
No se trata de un tecnicismo legal. Se trata de una decisión política de fondo: o bien se sigue permitiendo, seguimos permitiendo todos y todas, que los delitos cometidos desde el poder queden impunes por el simple paso del tiempo, o bien se reforman nuestras leyes para garantizar que la justicia pueda actuar incluso cuando el delito haya sido cuidadosamente ocultado.
Debemos reclamar al legislador, a los partidos políticos, a la ciudadanía organizada y a las instituciones democráticas que impulsen esta reforma, pero ya. Ya ha pasado demasiado tiempo desde que los españoles y las españolas decidimos vivir en democracia, aprobando en su momento la constitución que nos presentaron los legisladores. Y una constitución no son las tablas de la ley esculpidas en piedra: la constitución en un estado democrático es expresión de una voluntad común de convivencia pacífica y solidaria. Y si algo en la actual constitución no nos sirve habrá que cambiarlo. Los tiempos cambian, nuestra forma de vivir cambia, no puede ser que tengamos una constitución, que es la madre de todas las leyes, en la que no tengan cabida las nuevas formas y costumbres que nos han traído la tecnología y las nuevas formas de interacción social.
Tiene que quedar claro para todo el mundo, para los gobernantes y para los gobernados: quien usa el poder para encubrir el delito no debe beneficiarse del olvido, sino enfrentarse a la ley con toda su fuerza.
