Hace unos días vi en la tv pública alemana un programa sobre el impacto de la especulación financiera e inmobiliaria sobre el mercado de las viviendas. Cómo la especulación está expulsando a la gente de sus barrios de siempre, apropiándose de suelo y viviendas para "sanear" o construir viviendas inasequibles para los vecinos de siempre.
Es lo mismo que está pasando también aquí, en España. El gobierno central y un parlamento dominado por la derecha, es decir, los representantes de la España rica, pudiente, terrateniente y capitalista, por mucho que el partido se autodenominara "popular", sólo han pensado en cómo facilitar con sus leyes, reglamentos y políticas el enriquecimiento de los ricos. Su teoría del bienestar social es la de las migajas, es decir, que cuanto más ricos sean los ricos, más migajas caerán de la mesa para alimentar a los perros.
Sin tener en cuenta que ya hace décadas que la recogida de migajas se ha convertido en otro negocio más. Pienso en los traperos que recogían papel y trapos para venderlos y con ellos ganarse unas pesetas. O los que recogían los palets, y los vendían por unas pesetas.
Se me ocurren muchas formas de ponerle coto a la especulación inmobiliaria con ayuda de indicadores objetivos como la renta media de las familias de un determinado barrio, el recibo del IBI o el valor catastral medio del barrio.
Por ejemplo: la renta media de las familias (teniendo sólo en cuenta las familias en las que todos sus miembros no tienen ingresos, ni del trabajo, ni de una pensión contributiva). Si los expertos recomiendan no dedicar como máximo entre 25 y 35% de los ingresos, deberían denegarse las licencias de construcción para viviendas cuyas hipotecas a 15-20 años o los contratos de alquiler cuyas rentas rebasen esos porcentajes respecto de la renta media de los habitantes del barrio (cuanto más bajo sea, menor deberá ser el porcentaje).
De lo contrario seguirá pasando lo que está pasando actualmente: que los jóvenes de mayor nivel adquisitivo están expulsando de los barrios de la periferia o los barrios populares a los habitantes tradicionales de estos, porque las constructoras están adquiriendo suelo a buen precio para construir viviendas de "alto standing" asequibles para esos jóvenes, o adquiriendo fincas que "reforman" para luego alquilar las viviendas a mucho mayor precio (a veces ni se molestan mucho en reformarlas, pero consiguen inquilinos dispuestos a pagar más). Los mayores que aún viven en el barrio ya no están disponibles para sus hijos trabajadores, ni estos pueden contar con ellos, lo cual los empobrece más aún, o los obliga a un estrés adicional con complicados desplazamientos familiares cuando hay niños que atender debido al trabajo de los progenitores, o mayores que ya no pueden ser ayudados por los hijos, debido al trabajo de éstos y a las grandes distancias que separan sus domicilios.
En los barrios que ya han sido invadidos por estas tendencias quizá deberían excluirse a los habitantes de las viviendas de reciente construcción que no sean viviendas sociales o protegidas o a los titulares de los nuevos contratos de alquiler para el cálculo de la renta media para no consolidar las expulsiones y se debería vigilar los contratos de alquiler, para impedir la falta de equilibrio entre el precio pagado y la calidad de la vivienda (con ayuda de criterios objetivos en cuanto a metros cuadrados, calidades, eficiencia energética, etc.), quizá introduciendo un "impuesto a la usura inmobiliaria" que deberán pagar todos los arrendadores que cobren por encima del "alquiler mínimo recomendado". Si no lo quieren pagar, la alternativa es muy fácil: que cobren menos.
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