El pasado fin de semana estuve nuevamente en Madrid, y me quedé dos días más, aprovechando que el martes era festivo en Valencia. Teníamos entradas para ver una exposición en el centro, y al final no fuimos, por la huelga de taxis. Para las personas con problemas de movilidad o de equilibrio el taxi casi es imprescindible, porque cualquier frenazo del autobús o del metro puede suponer una caída, y llegada cierta edad, las caídas suelen tener consecuencias de larga duración.
Hace unos días, de vuelta en Valencia, me tocó coger un taxi. Suelo usar el autobús o el metro, pero en alguna ocasión cojo el taxi cuando ando con prisas y no es hora punta. Esta vez el taxista era un autónomo y titular de la licencia del taxi, y estuvimos charlando sobre el tema de la huelga en Madrid y la vida del taxista en general. Mi interlocutor me contó un tema que desconocía totalmente: el de los "floteros". Me comentaba que el tema es conocido, tanto por Hacienda, por su relevancia fiscal en cuanto a economía sumergida (los 500 euros mensuales que se embolsa más de un taxista jubilado y las ganancias astronómicas del arrendatario de la licencia, que suele contratar por cuatro o cinco horas a "un paquistaní" y luego lo tiene circulando doce o trece horas, embolsándose cada día pingües beneficios por cada uno de los vehículos de su flota, vehículos que no son de su propiedad por lo general), como por la Seguridad Social. Al escucharlo entendí, por fin, la razón del estado cochambroso de algún taxi conducido por un asalariado extranjero (no recuerdo si paquistaní, podía haber sido marroquí o sirio).
En las noticias los medios no se molestan en responder a las preguntas que nos hacemos los usuarios y es ¿quiénes están negociando con la administración? ¿Qué intereses defienden realmente? Y cuando leo en la hemeroteca que el actual presidente de una asociación del taxi madrileña, y también de una federación nacional, hace unos años intentó adquirir 5000 licencias VTC, me pregunto con más interés todavía qué intereses defiende. La transición me pilló en la universidad, y mi experiencia de las asambleas masivas en las que se toman decisiones sobre huelgas, etc. es la de haber sido testigo directo de cómo manipular a las masas: lecciones prácticas de demagogia. Entiendo que hay mucha rabia por parte de diversos colectivos. Y cuando he leído ahora quiénes están detrás de muchas flotas de Cabify o Uber, y los dineros que mueven, se entiende. Parece que es la filosofía del flotero, pero con contratos y por lo legal, escapando a la legislación del taxi.
No sé si los detalles que me comentaba el taxista eran exactos, aunque recuerdo uno de mis primeros y escasos juicios laborales, en los que un empresario de origen extranjero contrataba a marroquíes por cuatro horas en su fábrica y los tenía más de ocho horas trabajando, de forma sistemática. El negocio lo tenía a nombre de su cónyuge, extranjera comunitaria, que apenas dominaba el castellano y podía saber o no saber cómo llevaba su marido el negocio. Y de eso hace más de veinte años. Luego una amiga del barrio, años más tarde, me comentó parecidas prácticas en su trabajo. En este caso todos eran valencianos: la empresa y mi amiga. La que no era valenciana era la sucesora en el puesto de mi amiga: una colombiana a la que pagaba bastante menos que a mi amiga, por su mismo trabajo. A mi amiga le redujo la jornada laboral a diez horas semanales, distribuidas a lo largo de cinco días, pese a que el lugar de trabajo estaba en el pueblo de al lado y el camino le llevaba más de media hora.
Tras mi conversación con el taxista autónomo valenciano miré en Internet y ví que el tema de los floteros es general. Pero el único sitio en donde la administración y la justicia intervino fue hace unos cinco años, en Canarias. Parece que allí fue especialmente escandaloso. El flotero, básicamente, es una persona que interviene como "administrador" entre el titular de la licencia, jubilado o no, y el conductor, al que por lo visto en ocasiones contrata directamente y en ocasiones negocia una especie de contrato de servicios por el que le cobra una cantidad diaria. Esto lo hace a escala industrial, es decir, no se trata de una sola intermediación, sino de la intermediación a pequeña, mediana o incluso gran escala. En Canarias seguramente fue a gran escala, en otras ciudades seguramente serán varios a diversa escala.
Y finalmente miré cual es el régimen legal en Valencia, mi ciudad. El reglamento está colgado en la web del ayuntamiento. A medida que iba leyendo empezaba a alucinar, porque muchas de las cosas que me había comentado el taxista autónomo, y que por mi propia experiencia como usuaria sé que son verdad o se le parecen mucho, son claramente "ilegales". Está taxativamente prohibido contratar "por horas", los conductores deben ser contratados en régimen de dedicación exclusiva, lo cual es incompatible con un contrato por horas. Luego ví el régimen sancionador, y resultó que aún estaba en pesetas. Así que ya me fui al final, a ver la fecha, y ¡es de 1984! Es decir, hemos tenido a una alcaldesa super-hiper-populista del PP entre 1991 y 2015, y en todo ese tiempo, ¡ni siquiera se actualizó el Reglamento para adaptarlo a la nueva moneda! No digamos ya el adaptarlo a las nuevas circunstancias: Internet, telefonía móvil, aplicaciones móviles, etc.
Recuerdo que para las sociedades mercantiles hubo un período transitorio en el que TODAS debían adaptar sus estatutos a la nueva moneda. Es decir, TODAS pasaron por el Registro Mercantil para adaptar su capital social, etc. a la nueva moneda. Parece que para los municipios y para la propia administración no regía el mismo principio.
En todo caso, el actual reglamento del taxi de Valencia no se cumple, y me pregunto por qué. Si tenemos una policía local, no digo ya los políticos novatos, como los del actual ayuntamiento, pero la policía local es una policia profesional, y su obligación es la de hacer cumplir la legislación municipal, y no sólo mantener la seguridad física de los ciudadanos. No se trata sólo de detener a atracadores y maleantes, o de perseguir a los manteros que intentan ganarse la vida en un medio hostil con medios irregulares, al final la economía sumergida, especialmente la de altos vuelos como es la practicada por los floteros, es una agresión directa a la ciudadanía. Por una parte están los explotados con mayor o menor dureza, y por otra parte están los ingresos que no tributan y que muchas veces se reinvierten en nuevas formas de explotación.
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