Y sigue la huelga en Madrid. Imagino que el señor Sanz (que en su momento al parecer solicitó, y no consiguió, nada menos que 5.000 licencias de VTC) tiene medios suficientes para aguantar la huelga alguna semana o semanas más, pero dudo mucho que muchos taxistas autónomos de a pie, de los que tienen una licencia a su nombre y nada más, amén de una hipoteca por el préstamo para pagar la licencia, o los quue ni siquiera tienen una licencia a su nombre, pero pagan en negro un "alquiler" al flotero y/o al taxista que sí la tiene, tengan fuelle para aguantar. Preveo que en algún momento la huelga acabará en falso, cuando estos autónomos de a pie se rebelen, viendo que no se va a conseguir nada.
Porque parte de lo que piden, y por lo que más pelean en los medios, es imposible. Si la tecnología permite ahorrar viajes, no puedes pretender que vuelvan vacíos a la base antes de volver a salir, es antieconómico y antiecológico. Y este último argumento es decisivo en una gran ciudad, que sufre los efectos de la contaminación causada por el tráfico rodado. Y lo mismo pasa con los tiempos de contratación. No los puedes limitar físicamente. Sí los puedes regular: puedes imponer una tarifa mínima "disuasoria", por ejemplo. Nos vendieron Uber como una plataforma colaborativa, y ha acabado convirtiéndose en una plataforma para determinados empresarios con pocos escrúpulos, que han aprovechado muchas carencias regulatorias, y eso no tiene justificación de cara al usuario y al ciudadano, taxista o no.
Por otra parte, invocar la ley cuando estás aprovechándote de la falta de regulación (en la transmisión de las licencias, que no está sujeta al impuesto de transmisiones, y por tanto no se declara, por ejemplo), o de la falta de control (en el "alquiler de licencias" a floteros, cuando es ilegal), o de una circunstancia histórica anómala (como las licencias vitalicias, cuando lo lógico sería que tuvieran una duración de varios años, renovable hasta la jubilación, el fallecimiento o el cambio de actividad del titular de la licencia) y todo ello es conocido del público, es cuanto menos chocante.
Tengo una propuesta:
I. Tómese un "jurado" compuesto por un catedrático de derecho administrativo, un abogado laboralista, un economista experto en nuevas tecnologías, un ingeniero experto en temas de tráfico urbano, un representante autorizado de una organización de consumidores, un inspector de Hacienda, un funcionario-técnico municipal madrileño que lleve el tema del tráfico urbano y otro barcelonés. Proporcióneseles una relación nominativa de todas las licencias de taxi y de VTC en vigor, tanto en Madrid como en Barcelona, así como de los conductores asignados a cada licencia de taxi y de los conductores de VTC habilitados en Madrid y en Barcelona. Y para moderar, un juez de primera instancia jubilado y que no tenga ninguna relación, familiar, económica o financiera (es decir, no sea accionista o partícipe de una empresa relacionada con este sector) con el mundo del taxi o los VTC, salvo como usuario de estos servicios.
II. Y enciérreselos en una sala de reuniones de un hotel y que no salgan de allí hasta que no nos presenten lo siguiente:
- una proposición de ley en materia de vehículos de transporte urbano de personas, todo lo extensa que sea necesario, pero lo más breve posible
- uno o varios modelos de organización de los vehículos de transporte urbano de personas que tenga en cuenta la realidad actual del taxi y las VTC y las correspondientes ordenanzas, con las disposiciones transitorias suficientes para atender las justas reivindicaciones de todas las partes: los taxistas, los conductores de VTC y los ciudadanos. Entendiendo que los empresarios no pueden exigir la defensa de sus intereses, porque se trata de un servicio público. Si no son capaces de armonizar sus legítimos intereses empresariales con la realidad de un servicio público, que busquen otro sector.
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