La corporación local tomó esa decisión apoyándose en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Esta norma permite que el superávit obtenido por las corporaciones locales en 2016, una vez aprobada la liquidación del Presupuesto, se destine a inversiones financieramente sostenibles, obras que no comportan gastos plurianuales, como las que ahora trata de frenar el Gobierno. El Consistorio cerró el ejercicio pasado las cuentas con 1.055 millones de superávit.
En el mismo artículo se describía el tipo de obras que Montoro, o su brazo ejecutor de nombre Dancausa, quieren impedir:
... Las inversiones que están en cuestión afectan a 577 proyectos de obra municipal que Madrid tendría que detener si decide acatar la orden de la Delegación del Gobierno. No se trata de macroproyectos, son trabajos menores de reparación y mantenimiento de las calles y centros municipales.Y es que los periodistas sospechan que la causa de la inquina de Dancausa es la petición de que dimitiera tras quedar imputada en uno de los muchos affaires de Mercamadrid.
En concreto, las partidas amenazadas van desde la reforma de edificios municipales, como escuelas infantiles o centros de mayores, hasta las obras de asfaltado y mejora de las calles, como las que se están produciendo estas semanas en el barrio de Chueca para ampliar sus aceras. Actualmente están en proceso un total de 170 proyectos por un importe de 130 millones. Algunas ya han sido concluidas, aseguran fuentes del Consistorio. Ese presupuesto también se destina a la reposición de autobuses de la EMT (82 millones) para la mejora de la red de transporte urbano en la que también se incluye Bicimad.
Y acaba de suceder: Montoro interviene las cuentas municipales. Montoro, el mismo cuyo despacho ha sido imputado en un delito de corrupción. Montoro, el mismo que parió una amnistía fiscal con la que proclamo que recuperaría para España 2.500 millones de euros, que se quedaron en menos de la mitad, y que el Tribunal Constitucional tachó de inconstitucional. Montoro, que perdonó a los defraudadores, pidiéndoles un 3% de los rendimientos del capital ocultado.
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