En una sociedad anónima, una sociedad mercantil, cuando un porcentaje determinado de accionistas está descontento con el consejo de administración (órgano rector), puede pedir la convocatoria de una asamblea para exponer sus quejas y proponer medidas, incluido el cese del órgano de administración y el nombramiento de uno nuevo. Y si el presidente del consejo no atiende la petición de convocatoria dentro de un plazo razonable, puede ir a un juez y pedirla. Y la asamblea se celebrará. Servidora fue testigo de una asamblea en un juzgado de Bilbao, ya hace mucho tiempo.
En un estado, los ciudadanos no tenemos tantas opciones. Cosa que les ha pasado a un gran número de catalanes. No son todos los catalanes, pero sí son casi dos millones de electores españoles. Su número ha ido creciendo en proporción inversa al caso que les han hecho desde el gobierno de España. Y dos millones de españoles no son moco de pavo. Son un 5% del electorado español, y un 36% del electorado catalán.
En una sociedad anónima, si los accionistas no consiguen convencer al resto de la asamblea de la bondad de sus pretensiones, siempre les queda la opción de vender sus opciones y abandonarla. Pero ¿qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Irse? No es tan fácil. Y especialmente, un 36% descontento no puede obligar al 67% que no comparte su descontento, o no el grado de exasperación al que han llegado, a irse con ellos.
En un estado democrático la ciudadanía está obligada a entenderse. En este caso tanto la ciudadanía catalana entre sí como la ciudadanía española en su totalidad, catalana o no. Ponerse a hablar mal de Cataluña como hacen algunos, como si ese 36% exasperado fuera la totalidad de los catalanes, es una estupidez. Son ellos los que están obligando a las empresas a irse, más incluso que los que quieren declarar la independencia.
Ni el gobierno de Madrid tiene la autoridad suficiente ni los exasperados catalanes la fuerza suficiente para imponer nada. Los exasperados intentan provocar al gobierno de Madrid intentando aumentar el número de exasperados. Y el gobierno de Madrid intenta amordazar a los exasperados con la fuerza de las instituciones. La violencia institucional, es decir, el ejército y la policía son un tabú, y su violación provocará el aislamiento institucional a nivel europeo, como ya se ha visto el 1 de octubre. Y por muy secuestrado que el gobierno tenga a parte de la cúpula del poder judicial, numéricamente no pueden contra dos millones de electores, que son un número mayor aún de ciudadanos, porque también niños y adolescentes lo están.
De hecho, también fuera de Cataluña hay un número importante de exasperados. Son los votantes de Podemos. Los descontentos votan diverso: nacionalistas, izquierdas diversas, etc. Incluso extrema derecha.
Por mucho que desde el poder mediático se nos canten las loas de la Transición, seguimos teniendo una democracia sumamente imperfecta. Porque el actual régimen ha sido incapaz de romper con el anterior hasta sus últimas consecuencias. Se siguen tolerando cultos a iconos del régimen franquista, a los que añoran aquel régimen se les toleran conductas que no se toleran a los del "bando derrotado o vencido" por el dictador. Poco a poco se va consiguiendo romper la coraza de impunidad de la extrema derecha, pero a costa de mucha energía, mucho esfuerzo y mucho sacrificio.
Por mucho que desde el poder mediático se nos hable del estado de bienestar, el actual regimen dista muchísimo de serlo. El número de personas abandonadas a su suerte y a la compasión y solidaridad individual es legión. A las autoridades ni se les ocurre provisionar ayudas sociales cuando caducan o se agotan los derechos adquiridos (paro, indemnizaciones), pese a contar con toda la información para hacerlo. En la comunidad valenciana pepera el derecho a la renta garantizada de ciudadanía se acababa en cuanto se acababa la partida presupuestaria, que en los años de crisis venía a ser por el mes de abril. Pese a saber que el paro aumentaba, el derecho a la prestación contributiva se iba agotando, y no había trabajo. Pero las partidas seguían siendo insuficientes, y no es que se acabaran en noviembre, es que hubo años que se acababan ya en febrero.
Las ayudas a la infancia y a la dependencia son, mayormente, de chiste, si no fuera para echarse a llorar. En la comunidad valenciana, una familia en paro y con niños recibe 24,75 euros al mes por niño, desde hace muchos años.
Las ayudas a la vivienda son inexistentes, y con una pensión de viudedad una mujer que no tenga vivienda en propiedad casi está condenada a la caridad / o a la calle. Muchas mujeres mayores han trabajado toda la vida, pero apenas han cotizado. Porque durante muchísimo tiempo los trabajos hechos por mujeres no se consideraban merecedores más que de un jornal miserable, en los años sesenta y setenta, y antes. El trabajo del ama de casa, de la madre que cría y educa a sus hijos, sigue sin tener ninguna consideración a efectos de cotización.
¿Es raro que la gente esté exasperada? Es terreno abonado para demagogos, de todos los colores. Y para los nacionalismos, en cuanto aparece uno de los elementos más aglutinantes del nacionalismo, como es la lengua. Más cuando durante décadas el uso de la lengua estuvo prohibido y perseguido.
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